El Gobierno tiene previsto crear una Oficina Nacional de lucha contra el fraude para mejorar e institucionalizar la colaboración entre la Inspección de Trabajo y otros organismos y administraciones, como la Agencia Tributaria, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Seguridad Social, según consta en el Programa Nacional de Reformas (PNR) remitido a Bruselas.
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