Más de 10.000 empresas españolas no cuentan con un canal de denuncia interno que garantice el anonimato, la confidencialidad y protección del informante frente a represalias. Esta problemática, además, se acentúa entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se verán obligadas a crear un departamento para gestionar esta vía de información en materia de compliance.
Esta situación se ve agravada por la reciente aprobación de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción en el senado, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con plataformas y canales para la gestión denuncias por parte de estos, garantizando su anonimato y habilitando el acceso a terceros.
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