Casi cuatro quintas partes de los españoles (79%) están de acuerdo con que se modifique el marco legislativo para que las empresas no puedan obligar a sus empleados a trabajar desde la oficina.
Casi la mitad (52%) quiere que se hagan algunas excepciones, como en el caso de los trabajadores de los servicios de emergencia, mientras que el 27% cree que debería prohibirse en todos los casos.
Y esto sucede en pleno debate público por toda Europa sobre la regulación del teletrabajo y del derecho a la desconexión, y tras la reciente aprobación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
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