Tan sólo 24 horas después de anunciar Soraya Sáenz de Santamaría que deja la política, la gran incógnita es qué futuro laboral emprenderá. Son varias las opciones encima de la mesa, pero ninguna de ellas ha sido confirmada por la exvicepresidenta del Gobierno, quien tiene más fácil ahora mismo ‘regresar’ al Estado (volver a su puesto en la Abogacía del Estado) que decantarse por la empresa privada (se ha hablado de su posible paso a la banca).
El camino que tome Santamaría pasa sí o sí por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En dicha norma se contempla tanto el régimen de incompatibilidades después de haber ocupado un alto cargo, así como las retribuciones a las que se tiene derecho por ello.
Atendiendo al texto, Santamaría tiene derecho a dos años de indemnización o pensión tras su cese. Sería la vía más sencilla y rápida para la ya exdirigente del PP y la opción por la que en un momento dado se han decantado varios exministros de Mariano Rajoy. Fue el caso del extitular de Fomento Íñigo de la Serna, a la postre apoyo de Santamaría en las primarias. Dado que el estricto régimen de incompatibilidades le impediría volver en dos años a su profesión de ingeniero, De la Serna optó por esta retribución.
Todo pasa por la Ley 3/2015 de altos cargos y por la decisión que tome la Oficina de Conflicto de Intereses
Este extremo queda regulado por el artículo 15 de la citada ley: «Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado». En el caso de Santamaría, al haber abarcado tantas áreas su acción de Gobierno, la situación se complica. Por ejemplo, su salto a la banca tendría que esperar dos años porque participó en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del gabinete Rajoy.
No obstante, más allá de lo reflejado en la ley, será la Oficina de Conflicto de Intereses, órgano antes dependiente del Ministerio de Hacienda y ahora del recién creado de Política Territorial, encabezado por la socialista Mertixell Batet, quien decida si Santamaría puede o no recalar en una empresa privada antes de esos dos años. La interesada tendría que presentar (art. 15.6) una «declaración sobre las actividades que vaya a realizar» y el órgano decidiría en el plazo de un mes.
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