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La sentencia del Supremo sobre las hipotecas amenaza la mitad del beneficio de la banca en España
POR El Economista, 13:35 - 19 de Octubre del 2018
La sentencia del Supremo sobre las hipotecas amenaza la mitad del beneficio de la banca en España

La banca no se esperaba el mazazo que supuso el jueves el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Aunque todavía quedan muchas dudas sobre la retroactividad de la decisión del alto tribunal y la resolución de otras cuestiones claves sobre esta tasa, el hecho de que tengan que ser las entidades y no el cliente las que tengan que abonar este gravamen en la constitución de las hipotecas afectará en mayor o menor medida a las cuentas de resultados del sector. También está pendiente que se decida si los bancos van a tener que realizar de golpe la provisión para asumir las devoluciones.

En el escenario menos adverso y poco probable, están en juego para el sector un mínimo de 1.800 millones, que es el importe equivalente a la media del reingreso que tendrán que abonar a los hogares que han firmado un crédito para la adquisición de una vivienda en los últimos cuatro años, que es el periodo fiscal no prescrito y más claro para los posibles reembolsos.

En el escenario central, la cantidad se elevará a más de 6.400 millones, que es el coste que tendría la sentencia del Supremo sobre toda la cartera hipotecaria que aún está en vigor. La cuantía, en todo caso, sería mayor, porque en este volumen de préstamos ha habido amortizaciones sobre el principal y porque hace referencia al segmento de familias.

En un tercer escenario, el golpe es muy complicado de determinar, ya que los reingresos se remontarían a los créditos ya cancelados o amortizados en su totalidad. Los despachos ya están preparando demandas para este tipo de préstamos, que se remontarían a aquellos que se concedieron a partir de 1995, al ser anulado el decreto que imponía el impuesto por parte de la comunidades autónomas.

La factura en el escenario central supone un tercio del conseguido el año pasado por el conjunto del sistema, incluyendo la actividad en el exterior de la gran banca, que será la menos castigada por la medida. Sin tener en cuenta las filiales internacionales ni las pérdidas millonarias del Popular, la cifra es algo más de la mitad de las ganancias en nuestro país.

En función de las interpretaciones que se hagan -desde cuando se deben hacer las devoluciones), de las próximas resoluciones y de los posibles recursos, el giro judicial pone en serias dificultades a más de una entidad, en un momento en que la rentabilidad del negocio sigue a la baja por la coyuntura de los tipos de interés.

Teniendo en cuenta el saldo vivo de hipotecas de los principales grupos y un impuesto medio del 1,24% sobre el volumen de cada préstamo, Ibercaja, Unicaja y Liberbank serán las entidades que sufran más este cambio de la jurisprudencia. Además, en su caso, tienen buena parte del negocio en las regiones donde el Impuesto de Actos Jurídicos es más elevado, del 1,5% -Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura-. Por su parte, el Santander es el que menos, por la mayor diversificación geográfica y el menor peso de los créditos para vivienda sobre el total.

Tanto Ibercaja como Unicaja y Liberbank entrarían en pérdidas sobre la base de los resultados del ejercicio pasado y las estimaciones para el presente. La estimación para Ibercaja es de 251 millones, lo que supone el 188% de los resultados que obtuvo el pasado año; para Unicaja es de 207 millones, el 150% de lo que ganó en 2017; y para Liberbank es de 165 millones, el 133% sobre la previsión de 124 millones que cosechará en 2018. Esta última entidad registró el ejercicio anterior números rojos como consecuencia de su plan de saneamiento.

También podría sufrir pérdidas Bankia en el caso de que las provisiones se tenga que hacer de una sola vez, como ocurrió con las cláusulas suelo. Tendría que devolver sobre su cartera hipotecaria unos 843 millones, más de las ganancias recurrentes (sin contar el efecto de la absorción de BMN) que consiguió en 2017.

El regulador, ante tal varapalo, podría permitir al sector contabilizar contra capital las provisiones para afrontar este golpe. De ser contra los resultados, como en el procedimiento de los suelos hipotecarios, otras entidades también verían comprometido su beneficio. Kutxabank podría asumir pérdidas, aunque en su caso podría esquivarlos, ya que el impuesto AJD del País Vasco, donde concentra buena parte de la actividad, es el más bajo, del 0,5%.

CaixaBank, debido a que es la entidad con el mayor volumen de hipotecas, ve amenazado casi el 60% de sus ganancias, ya que tendría que devolver a los clientes algo más de 1.000 millones. Bankinter y Sabadell tiene comprometida casi la mitad de sus ganancias.

Al Santander, debido a su internacionalización, la sentencia del Supremo le restaría un 11,7% de sus beneficios o 775 millones. En el caso de BBVA, el impacto sería del 28% de sus cuentas totales.

Los nuevos créditos serán más caros

Los bancos dejaron claro el jueves, a través del comunicado conjunto de las tres patronales, que a partir de ahora asumirán el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Eso sí, fuentes del sector destacan que esta situación obligará a las entidades de manera generalizada a que el coste de este gravamen sea trasladado de alguna manera al cliente en los nuevos préstamos. Así, es previsible que las entidades encarezcan las comisiones que aplican en las hipotecas o eleven los tipos de interés.

Sin embargo, también es cierto que la elevada competencia, que continuará por la necesidad del sistema de captar usuarios y negocio, limitará a corto plazo que esta subida de los precios sea relevante. Esto ya ocurrió a partir de la sentencia europea que aplicó la devolución total de las 'cláusulas suelo' no transparentes a finales de 2016. Entonces, la banca advirtió de las consecuencias que tendría para el coste de los préstamos a partir de entonces, algo que no ha ocurrido en parte por la guerra comercial que libran para vender productos y elevar, así, los márgenes operativos. En esta coyuntura, además, se tiene que dirimir la normativa hipotecaria, que lleva atascada en el Congreso de los Diputados, para transponer la directiva comunitaria. Esta legislación, según el sector, aupará los precios de los préstamos.

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