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Nuevas Directivas sobre Contratación Pública en el Parlamento Europeo del mes de enero

El texto de las directivas contempla la obligatoriedad del uso pleno de la Contratación y Licitación Electrónica para las Centrales de Compras y Contratación a nivel europeo.

POR RRHH Digital, 13:10 - 09 de Enero del 2014
Nuevas Directivas sobre Contratación Pública en el Parlamento Europeo del mes de enero

El texto de las directivas contempla la obligatoriedad del uso pleno de la Contratación y Licitación Electrónica para las Centrales de Compras y Contratación a nivel europeo.

Recientes noticias apuntan a una aprobación de  las directivas sobre contratación pública en el Pleno del Parlamento Europeo, previsto para del día 15 de enero, previamente el día 14 se llevará a cabo del debate basado en los informes del eurodiputado Marc Tarabella.

A continuación resumimos algunos de las ideas y propuestas que Marc Tarabella expone en la web del Parlamento Europeo:

- Se introducirán nuevos procedimientos específicos para el uso de medios electrónicos incluidos los catálogos electrónicos, y la plena Contratación Electrónica para las centrales de compras.

- La modernización de las directivas de contratación pública debe lograr un equilibrio entre la simplificación, por un lado, y el uso de procedimientos efectivos vinculados a criterios de adjudicación innovadores y sostenibles en el otro lado, y al mismo tiempo garantizar una mayor participación de las PYME, y generalizando el uso de la contratación electrónica.

-  Resulta de enorme importancia el pleno uso de la contratación pública en el mercado único para fomentar el crecimiento sostenible, el empleo y la inclusión social. Teniendo en cuenta además que la contratación pública supone entorno al 18% del PIB de la Unión Europea, por lo que el mantenimiento de un marco legislativo actualizado y competitivo supondría una ayuda importante para el crecimiento económico.

Marc Tarabella también propone mejoras en los siguientes aspectos:

Contratación pública socialmente sostenible

El ponente considera que la propuesta de la Comisión no va lo suficientemente lejos, sobre todo en los aspectos sociales. Por lo tanto, desea asegurar el cumplimiento de las normas sociales en todas las etapas del procedimiento de contratación pública.

También propone el refuerzo de los motivos de exclusión, al exigir la exclusión de la contratación pública de cualquier operador económico que haya incumplido sus obligaciones en materia social, laboral y/o medioambiental.

Con el fin de garantizar que los contratos públicos se aplican eficazmente, los Estados miembros también deberían tener la posibilidad de exigir a los poderes adjudicadores la comprobación del rendimiento del operador económico adjudicatario del contrato.

Mejor normativa sobre subcontratación para una participación efectiva de las PYME

El ponente apoya que la subcontratación permite el desarrollo de las PYME. Sin embargo, se han producido con demasiada frecuencia casos alarmantes, donde la práctica de la "cadena de subcontratación” ha dado lugar a casos de explotación y por lo tanto a los contratos públicos de menor calidad.

En consecuencia, se propone la introducción del principio de la responsabilidad en toda la cadena de subcontratación, para que todas las etapas del proceso tengan la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales y el cumpliendo de la legislación laboral.

Las disposiciones relativas a las ofertas denominadas temerarias o anormalmente bajas  también deberán evitar cualquier posibilidad de que la subcontratación incumpla la legislación laboral.

También apoya la creación del pasaporte electrónico, lo que sin duda facilitará la participación de las PYME .

Simplificación de la contratación pública para los órganos de contratación

Es esencial la transposición de todos los procedimientos establecidos en la Directiva a las legislaciones de los Estados miembros de manera que cada poder adjudicador tenga a su disposición el procedimiento más adecuado a sus necesidades.

Por otra parte, considera que los Estados miembros deben proporcionar a las autoridades contratantes los recursos técnicos y financieros para adaptarse a la contratación pública electrónica.

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