28 de marzo de 2024
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González (Pimec) alerta de «abusos» de empresas con salarios inferiores al mínimo legal

González (Pimec) alerta de "abusos" de empresas con salarios inferiores al mínimo legal

Recursos Humanos RRHH Digital El presidente de Pimec, Josep González, ha alertado de que hay empresas españolas de todos los tamaños que están cometiendo «abusos» con salarios por debajo del mínimo legal, lo que se debe combatir.

   En rueda de prensa de balance anual y perspectivas para 2014 este miércoles, ha considerado que «todavía no se ha acabado el proceso de ajuste salarial» en España, pero que eso no debe traducirse en salarios que considera indignos e inaceptables.

   «Si hay que ser competitivo con estas malas prácticas, mal irá el país», según él, y ha dudado que haya empresas que deban sobrevivir si se basan en salarios indignos.

   Sobre la segunda reforma laboral que prepara el Gobierno central, y a falta de saber detalles, ha apoyado que reduzca el número de contratos –es partidario de dejar tres o cuatro tipos– y que active los contratos a tiempo parcial –Pimec apoya los minijobs– para activar el empleo, y también ha pedido que mejore la gestión judicial en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

   Ha remachado que, si desde Europa se plantea una nueva reforma laboral en España, es porque se considera que todavía debe mejorarse la flexibilidad y competitividad del mercado laboral español, del que ha augurado que mantendrá un paro alto varios años por el gran deterioro durante la crisis, aunque 2014 marcará el «cambio de tendencia» con creación de empleo.

   González ha constatado que la economía está mejorando, así como las expectativas para 2014, año para el que se ha mostrado optimista y ha augurado un cierto aumento del consumo, pero matiza que continuarán muriendo empresas mientras el crédito no vuelva a fluir.

   Ha hecho un llamamiento a las instituciones europeas a hablar menos y tomar decisiones para que el crédito llegue a las pymes el próximo año: «Dejar sin oxígeno al tejido empresarial durante seis años es una temeridad económica que pagaremos durante muchos años».

   El presidente de Pimec ha aprovechado para pedir al Gobierno central que la ley de morosidad se acompañe de un régimen sancionador para que sea efectiva, que se eliminen complicaciones administrativas en las aduanas para facilitar las exportaciones, y que la presión fiscal vaya a la baja en 2014.

   Asimismo, ha lamentado que el criterio del IVA de caja ha quedado tan limitado que no tendrá éxito, y ha rechazado las actuaciones del Ejecutivo central en regulación energética porque encarece la actividad empresarial por los costes de la factura y penaliza el autoconsumo.

   Sobre el futuro político de Cataluña, ha evitado pronunciarse dada la pluralidad de opiniones en el ámbito empresarial, aunque recuerda: «Hace tiempo que desde Pimec pedimos una mejor financiación para Cataluña, y si se pidió sería porque se veía necesario; no se hace esta mejora y estamos discutiendo el proceso soberanista».

DIFÍCIL FUSIÓN CON FOMENTO

   Al preguntársele por el antiguo proyecto de fusión con Fomento del Trabajo, ha señalado que no hay novedades y hay «bajas esperanzas» de que avance, por temas conceptuales como que Cepyme y Fepyme –las patronales de pymes adheridas a la CEOE y Fomento del Trabajo– no se han adherido a la Plataforma contra la morosidad –de la que Pimec es impulsora–, que afecta especialmente a las pymes, ya que hay muchas grandes corporaciones morosas, además de las administraciones, ha explicado.

   Ha añadido que «debería hacerse un sistema de elecciones para que la pymes –no las entidades empresariales, que ya están reconocidas– puedan tener la representatividad que les corresponde», porque son el 60% del empleo y el 70% de la actividad.

   Respecto a la marcha de Pimec, ha incidido en el buen estado de sus cuentas pese a la crisis, frente a los problemas que están padeciendo otras patronales y sindicatos, gracias a los ingresos de las cuotas de sus 110.000 socios y de los servicios que ofrece, pese a que los fondos públicos para formación han caído un 50% el último año.

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