RRHH Digital La nueva regulación de la jubilación para trabajadores con contrato a tiempo parcial ascenderá a 4,56 millones de euros el año que viene, 17,06 millones en el año 2015 y a 38,62 millones de euros en 2016, alcanzando un gasto de 255,68 millones de euros en el año 2020, si bien el 22,73% de estas cuantías las soportarán las cuentas de la Seguridad Social y no las arcas del Estado.
Así consta en la memoria de impacto del decreto ley para la Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de agosto y que deberá ser convalidado antes de 30 días por el Pleno del Congreso.
En el texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo parte de una proyección de altas inicial de 1.278 el próximo ejercicio hasta alcanzar las 8.220 altas en el año 2020, si bien en la valoración económica «no se contempla el posible reconocimiento de pensiones que fueron denegadas entre 1998 y 2013».
De esta manera, el coste para la Seguridad Social de las nuevas altas en pensiones –sin tener en cuenta los complementos a mínimos– ascenderá a 1,27 millones en 2014, a 4,73 millones en 2015 y a 10,72 millones en 2016, llegando a los 70,94 millones en el año 2020.
COMPLEMENTOS A MÍNIMOS
En cuanto a los complementos para las pensiones que no lleguen a la cuantía mínima y que se reconocerán «con las mismas condiciones de renta individual y de cuantía que las pensiones contributivas», elevan las cuantías a 3,30 millones el próximo año, 12,32 millones en el ejercicio 2015, 27,91 millones en 2016 y hasta los 184,74 millones en el año 2020.
«El coste total de la nueva regulación de la jubilación para trabajadores con contrato a tiempo parcial ascendería en total a 4,56 millones en 2014 y a 255,68 millones en 2020. En cualquier caso, se debe destacar que las nuevas pensiones se corresponden con coeficientes de parcialidad muy reducidos, por lo que generarían pensiones inferiores a la cuantía mínima», se precisa en la memoria.
Esto conlleva que muchos de estos pensionistas «estarían en condiciones de solicitar una Prestación no Contributiva (PNC) con la legislación anterior, de manera que será el sistema de Seguridad Social el que asumirá el pago de unas cantidades que antes no soportaba y cubrirá con la pensión, al menos en parte, las cantidades que anteriormente se abonaban por PNC», situación similar a la que afectará a los preceptores de mínimo con cónyuge a cargo o en los supuestos de concurrencia de pensiones.
Así, el coste neto a cargo del Estado es un 22,73% inferior al coste de mínimos. De esta manera, el gasto neto total del proyecto del real decreto será de 3,81 millones el año próximo, de 14,26 millones en 2015, de 32,28 millones en 2016 y de 213,71 millones en 2020.
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