El sindicato Comisiones Obreras reclamó al Gobierno gallego que garanticen la recolocación de los 284 trabajadores despedidos en las nueve empresas del grupo Proinsa, que el viernes presentó la suspensión de pagos en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, al no poder afrontar pagos por valor de 30 millones de euros.
Marina Ruibal, representante de Comisiones Obreras, demandó a la Consellería de Traballo medidas para garantizar el reciclaje de trabajadores en el sector de la construcción ante la crisis que se avecina. "Esperamos que la Administración haga algo, porque estamos hablando del motor de nuestra economía y conviene buscar fórmulas para garantizar la inserción de los trabajadores despedidos", reclamó.
El grupo Proinsa, con sede social en Lalín, engloba a nueve empresas del sector de la construcción y la promoción inmobiliaria y tenía en nómina a 325 trabajadores, de los que la mayoría ya han recibido la carta de despido.
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