Aprobado en Francia el polémico nuevo contrato laboral para jóvenes

La Cámara de Diputados en Francia dio luz verde hoy al proyecto de ley de igualdad de oportunidades, que incluye un nuevo contrato laboral para los jóvenes cuya retirada exigieron cientos de miles de manifestantes la víspera.
El texto fue aprobado por 329 votos a favor y 159 en contra.
El proyecto, que unifica las respectivas versiones del texto adoptadas previamente por la Cámara de los Diputados y el Senado, recibió el apoyo de 328 diputados del partido conservador gobernante, UMP, y de uno de la centrista UDF.
Votaron en contra los socialistas, comunistas y Verdes, así como 14 legisladores de la UDF y un soberanista de la UMP. El Senado, también controlado por la UMP, votará mañana el texto, que quedará así adoptado definitivamente.
Pero los socialistas ya han anunciado que recurrirán ante el Consejo Constitucional por considerar que el contrato de primera contratación (CPE) para los jóvenes va en contra de la legislación europea y las reglas del derecho internacional.
El jefe del Gobierno conservador, Dominique de Villepin, se ha mostrado firme en su empeño de implantar el CPE, que describe como un “ verdadero contrato anti-precariedad ” y una de las herramientas para combatir el elevado índice de paro entre los jóvenes.
Destinado a menores de 26 años en empresas de más de 20 asalariados, el CPE permitirá al empresario despedir al joven durante dos años sin tener que dar ninguna justificación, por lo que es denunciado por sus detractores como un contrato de “ precariedad ” y un nuevo ataque al derecho laboral.
La nueva ley posibilita la formación profesional desde los 14 años y la firma de un contrato de aprendiz desde los 15, y estipula que las prácticas en empresas sean remuneradas cuando superen tres meses.
Por otra parte, instaura el “contrato de responsabilidad parental” por el que, en caso de absentismo escolar, se podrán suspender o poner bajo tutela las ayudas recibidas por la familia.
Para fomentar el desarrollo económico de los barrios conflictivos -focos de mucho desempleo, delincuencia y una gran concentración de personas procedentes de la inmigración-, se crearán quince nuevas zonas francas, con incentivos fiscales para las empresas.
El proyecto incluye también medidas contra las discriminaciones e inscribe en el código laboral los curriculum vitae anónimos.