El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se reunirá este miércoles con los agentes sociales para tratar de encontrar una solución pactada al problema de las jubilaciones anticipadas.
De acuerdo a la Ley actual, hasta 35.000 personas que perdieron su trabajo antes del 1 de abril de 2013, sin formar parte de un despido colectivo y que mantienen convenios individuales con la Seguridad Social, no podrán jubilarse anticipadamente con 61 años, sino con 63 años.
El secretario de Estado ha señalado que la decisión tomada en agosto era «administrativa» pero que por su efecto «es importante que sea sometida a debate con los agentes sociales».
Así, durante la reunión se intentará «establecer el alcance de la decisión, satisfacer los legítimos intereses de los afectados y los objetivos de la legislación en esta materia». «Vamos a pretender que no se produzcan efectos no deseados sobre personas que tienen derecho a que se respete el principio básico de confianza legítima», indicó Burgos.
Según ha explicado, la voluntad del Gobierno es «encontrar una solución pactada con los agentes sociales» en la cual «se cumpla el espíritu de la Ley de Jubilación Anticipada pero no queden afectadas personas para las que dicha Ley no estaba concebida».
Burgos ha asegurado que los criterios de interpretación de la norma deben responder a «la finalidad esencial de la misma». «El criterio interpretativo tiene que reflejar el espíritu de la ley que regula y tiene que otorgar un trato equitativo a todos los ciudadanos», aseveró.
Así, ha asegurado que si «después de un análisis exhaustivo» se establece una conclusión distinta al logro de ese objetivo, «la Seguridad Social adoptará las medidas convenientes».
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