Desde el 1 de septiembre de 2025 ha entrado en funcionamiento la Autoridad Independiente de Protección al Informante («AIPI»), organismo creado por la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Su finalidad principal es garantizar una protección real y efectiva a quienes comuniquen irregularidades, fraudes o casos de corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado; canalizando, a su vez, las informaciones y comunicaciones que se reciban a través del canal externo.
Impacto en las empresas
Con la puesta en marcha de la AIPI, las empresas deben comunicar el nombramiento y cese de los responsables de sus sistemas internos de información —los conocidos como canales internos de denuncia— en un plazo máximo de dos meses, es decir, hasta el 1 de noviembre de 2025.
Esta obligación refuerza la importancia de los canales internos como herramienta de prevención, detección y gestión de posibles infracciones, al tiempo que otorga a la AAI un papel de supervisión y control.
Un canal externo y una autoridad garante
A partir de ahora, cualquier persona que desee informar de una irregularidad dispondrá de dos vías:
- A través del canal interno de la empresa, en el marco de los procedimientos internos de gestión de denuncias.
- Directamente ante la AIPI, que actuará como canal externo y, al mismo tiempo, como autoridad independiente de protección del informante.
De este modo, la AIPI se configura como un garante adicional, asegurando que la persona informante pueda ejercer sus derechos en condiciones de independencia, confidencialidad y seguridad frente a represalias.
Con la puesta en marcha de la AIPI, se hace, si cabe, más relevante la elaboración y mantenimiento de un canal interno de denuncias adecuado a la normativa que funcione como una herramienta eficaz de gestión interna de las plantillas.
Cargando ...
