El sector público se encuentra inmerso en la transformación digital de su entorno de trabajo. Para lograrlo, los funcionarios tendrán que desarrollar habilidades profesionales que les permitan utilizar herramientas digitales para interactuar con el ciudadano. Este proceso contempla un cambio en las tareas de los empleados públicos, que hasta ahora desempeñaban funciones predefinidas, para dirigirlas a la resolución de problemas.
Más del 60% de los trabajadores de la administración pública tienen más de 50 años, lo que significa que las entidades públicas tendrán que ofrecer a sus empleados la formación necesaria para adaptarse a las nuevas tendencias. Además, la digitalización del sector público flexibilizaría los horarios de los funcionarios.
La Administración General del Estado debe acometer esta transformación para cumplir con la legislación vigente (Ley 39/2015 y 40/2015) y así regular las relaciones digitales entre los ciudadanos y las instituciones. De hecho, el grado de madurez de los procesos digitales del sector público se sitúa al 50% en la actualidad, según el estudio Potenciando los Smarter Workspaces en el Sector Público, publicado por KYOCERA Document Solutions, líder en soluciones de impresión, sistemas de gestión documental y consultoría de procesos de negocio.
Por eso, el sector público fomenta el desarrollo de aplicaciones digitales que permitan al ciudadano acceder a trámites y servicios sin necesidad de desplazarse hasta una sede oficial. Así, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad pública, el desarrollo de aplicaciones móviles que facilitan la monitorización y tratamiento del paciente agilizan el volumen de trabajo de los profesionales de la salud.
La Administración debe acelerar su transformación digital para cumplir con las exigencias de los ciudadanos, que demandan un mayor acceso a la información pública, cubrir las necesidades sociales y una gestión más transparente. Para ello, es fundamental la creación de la identidad digital del ciudadano en un marco en el que predomine la seguridad de los datos de carácter personal y la privacidad del ciudadano.
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