El Gobierno estima que el gasto en bonificaciones a la contratación derivada de las medidas laborales incluidas en el decreto ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ascenderá a unos 543,5 millones de euros hasta el año 2018, si bien gran parte de esos fondos serán reembolsables para el Estado, cuyo gasto real será de unos 80,4 millones de euros.
Así se recoge en la memoria de impacto del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde se cuantifican los costes económicos de las bonificaciones para el fomento de la contratación, a la cotización empresarial del contrato en prácticas y a los contratos a tiempo parcial vinculados a formación firmados con beneficiarios de la Garantía Juvenil, así como de la aplicación de la tarifa plana de 100 euros a los socios trabajadores o de trabajo de las sociedades laborales.
En concreto, la bonificación para el fomento de la contratación de los beneficiarios de la Garantía Juvenil tendrá un coste de unos 393,1 millones de euros, repartidos entre 41,23 millones este año, 197,9 millones el próximo y 153,93 millones en 2016. Eso sí, estas cifras resultan de mantener constantes las cifras de contratos firmados en lo que va de año y su reparto entre tiempo indefinido y parcial.
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