El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, afirmó el pasado miércoles, en declaraciones recogidas por Europa Press, que modificará la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local “para retirarle a los equipos de gobierno de los ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del pleno”. Además el Gobierno también modificará el artículo que establece la prestación por parte de las diputaciones provinciales de servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes y el que determina el coste efectivo de los servicios,
Beteta realizó estas declaraciones después de que el Consejo de Estado emitiera un informe desfavorable sobre la reforma local, en el que afirman que la norma lesiona la autonomía municipal. Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, esta rectificación del Gobierno avala sus reivindicaciones y la intensa campaña que ha desarrollado en contra de la aprobación en su momento y de su eliminación en la actualidad.
“Es irónico que ahora el Gobierno quiera negociar con el objetivo de que esta reforma se ajuste a las necesidades de las administraciones locales, adaptándola a la realidad económica de los municipios, cuando CCOO lleva varios meses insistiendo en la necesidad de dialogar y llegar a un acuerdo entre todos los agentes sociales implicados en estas administraciones”, afirma Joan Gasull, secretario general del Sector de la Administración Local de FSC-CCOO.
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