A pesar de que el registro salarial es obligatorio desde 2021 para todas las empresas en España, muchas organizaciones siguen sin cumplir correctamente con esta exigencia legal. El reciente fallo del Tribunal Supremo, emitido hace apenas unos meses, ha puesto el foco en uno de los aspectos más delicados de esta normativa: la protección de la privacidad de los trabajadores frente a la necesidad de transparencia retributiva.
En esta línea, GRUPO LAE EMPRESAS, entidad con más de 20 años de experiencia en formación y consultoría en normativas legales y servicios digitales, alerta de la importancia de revisar los registros salariales a la luz de la nueva doctrina judicial y recomienda a las empresas extremar la precaución en el tratamiento de los datos retributivos.
El Tribunal Supremo ha aclarado que no es obligatorio incluir información que permita identificar el salario individual de los empleados, especialmente en puestos ocupados por una sola persona. El registro debe reflejar valores medios y medianas de las retribuciones, desglosados por sexo y grupo profesional, permitiendo detectar posibles desigualdades sin vulnerar la privacidad.
“La sentencia deja claro que la igualdad y la transparencia deben ir de la mano de la protección de datos. Es un equilibrio que todas las empresas deben tener presente en la elaboración y difusión del registro salarial”, señalan desde el área legal de Grupo LAE Empresas.
Entre las implicaciones prácticas más relevantes para las empresas, destacan:
- La necesidad de actualizar registros existentes para eliminar cualquier dato que permita identificar a trabajadores concretos.
- La formación del personal de recursos humanos y gestores de datos sobre cómo elaborar informes conforme al nuevo criterio judicial.
- El uso de tecnologías que permitan elaborar registros desagregados, seguros y trazables, sin comprometer la confidencialidad.
Desde GRUPO LAE recuerdan que la Inspección de Trabajo mantiene su vigilancia sobre el cumplimiento de esta obligación, que puede derivar en sanciones de hasta 187.515 euros. Además, insisten en que el registro salarial no debe verse solo como una exigencia legal, sino como una herramienta útil para fomentar la equidad interna y la mejora de las políticas retributivas.
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