El 15 de junio de 2023, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), presentaron públicamente el acuerdo sobre el futuro Estatuto del Becario. No obstante, a escasos dos meses de cumplirse dos años desde ese anuncio, el Gobierno aún no ha llevado el texto al Consejo de Ministros. Esta falta de avances ha generado dudas en algunos sectores sindicales sobre si la norma llegará finalmente a ver la luz, especialmente considerando el rechazo inicial del ala socialista, pese a estar contemplada en la agenda legislativa de 2025.
La regulación de las prácticas no laborales —realizadas por estudiantes en paralelo a su formación, ya sea dentro o fuera del plan de estudios— quedó como tarea pendiente tras la reforma laboral de 2021. En aquel momento, el Ministerio de Trabajo se comprometió a constituir una mesa de diálogo social en un plazo de seis meses. Para octubre de 2022, ya se había alcanzado un principio de acuerdo con CCOO y UGT que eliminaba las prácticas extracurriculares, pero el Gobierno optó por reabrir el diálogo con el objetivo de incorporar a las patronales CEOE y Cepyme. Sin embargo, tras más de un año de conversaciones, no se logró el consenso deseado y las universidades, a través de CRUE, expresaron su oposición al texto.
El acuerdo fue finalmente firmado poco antes del adelanto electoral, y no fue hasta octubre de 2024 cuando el Ministerio de Trabajo lo publicó en el portal de Transparencia para recoger sugerencias. Desde entonces, los representantes sindicales aseguran no haber recibido avances del Ministerio, a pesar de que Díaz insiste tanto en público como en privado en que su intención es aprobar la norma «lo antes posible».
El Estatuto del Becario ha sido incluido en el Plan Anual Normativo del Gobierno, junto a los desarrollos reglamentarios para los contratos formativos (de alternancia y de prácticas profesionales). Desde UGT, Fernando Luján y Adrià Junyent alertan de que el marco legal estaría incompleto si no se aprueba previamente esta ley, que debe definir con claridad qué se considera una beca y qué, un puesto de trabajo.
Las negociaciones técnicas sobre los contratos formativos concluyeron hace más de un año, según fuentes del diálogo social, lo que hace aún más inexplicable la demora. El uso de este tipo de contratos ha disminuido notablemente: en marzo de este año, la Seguridad Social registraba solo 76.020 personas con esta modalidad, frente a las 114.588 de marzo de 2022, a pesar de que esta figura debía facilitar el acceso al empleo desde la universidad y la FP.
La norma tomará forma de Real Decreto, lo que podría facilitar su aprobación. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo es consciente de las reservas de su socio de Gobierno, que impidieron que se aprobara como Real Decreto-ley y obligaron a reconvertirlo en Proyecto de Ley, lo que prolongará su tramitación parlamentaria debido a la actual fragmentación política.
El acuerdo inicial preveía compensaciones para los becarios por gastos derivados de sus prácticas (como transporte o dietas), limitaba a 480 las horas extra que podrían realizar y establecía sanciones de hasta 225.018 euros para las empresas que emplearan a becarios en puestos estructurales. Durante la pasada legislatura, sin embargo, el Ministerio de Economía, entonces liderado por Nadia Calviño, consideró que la norma aún no estaba suficientemente desarrollada y postergó su aprobación.
Ante la falta de avances, el grupo parlamentario de Sumar registró en octubre una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso para medir los apoyos a esta iniciativa. La diputada socialista Ada Santana respondió destacando la necesidad de seguir buscando el acuerdo con la CEOE, que no respaldó el texto, según se dijo, por su proximidad a las elecciones generales. Esta misma línea argumental es la que el PSOE ha seguido en otros temas pendientes, como la reducción de la jornada laboral.
Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo anunció su intención de reabrir el diálogo con los agentes sociales, pero los sindicatos han rechazado renegociar por tercera vez el mismo asunto, mientras las patronales solo se han mostrado abiertas a escuchar. Todo sigue paralizado a la espera de que se resuelva primero la negociación sobre la jornada laboral de 37,5 horas semanales, tras lo cual Yolanda Díaz ha señalado que el Estatuto del Becario será su siguiente prioridad.
Cargando ...
