Los responsables de las líneas de Cercanías de Renfe en Cataluña sospechan que una organización sindical es la responsable de varios de los fallos que han provocado retrasos en los trenes durante el último mes, según explicaron a El Confidencial fuentes solventes.
Estas fuentes afirman que "se han producido incidencias muy determinadas que hacen pensar en una cadena de sabotajes. Por ejemplo, se inhabilitó una soldadura dentro de un túnel cerca de Paseo de Gracia, en el centro de Barcelona. Y sólo alguien de adentro, que sepa la importancia que tiene esta soldadura, puede haberlo hecho".
Otro detalle que ha encendido las alarmas es el hecho del robo de determinado material. No sólo de cobre, que es uno de los preferidos por ladrones de este tipo de material, "sino de 300 metros de catenaria, que no tiene valor en el mercado, ya que cuesta unos 20 euros. Sin embargo, causa de trastornos importantes. También se han declarado dos incendios en la localidad de Viladecans, una coincidencia que da que pensar".
Los directivos de Renfe sospechan que los miembros de la organización sindical que puede estar detrás de los sabotajes son contrarios al traspaso de la gestión de los servicios ferroviarios a la Generalitat. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró recientemente que serán traspasados los recursos humanos necesarios.
Las fuentes consultadas destacan que desde que Zapatero hizo público que el traspaso de la gestión del Gobierno central a la Generalitat se realizará el próximo mes de enero, las incidencias y los sabotajes aumentaron espectacularmente. "Ya había algunos fallos como consecuencia de las obras para llevar el AVE a Barcelona, o por los dos años que llevamos mejorando la estación de Sants, pero desde entonces se detectaron muchos más", añaden las mismas fuentes, que también señalan que los problemas persistirán hasta el 21 de diciembre, fecha prevista para la entrada en funcionamiento del tren de alta velocidad.
Infraestructuras bajo mínimos
Lo cierto, sin embargo, es que las infraestructuras catalanas están en estado precario. A los retrasos de Renfe hay que sumar las secuelas del gran apagón que dejó a más de media Barcelona sin luz a finales de julio. La capital catalana está en estos momentos abasteciéndose de energía eléctrica gracias a los generadores instalados en sus calles. Estos generadores dejarán de funcionar a primeros de septiembre, pero algunos de ellos no se retirarán como medida de prevención, ya que el transformador que se incendió no estará totalmente reparado hasta el mes de febrero.
Pero, por si fuera poco, el resto de las infraestructuras tampoco han estado a la altura de las circunstancias: el día 4 de agosto se colapsaron las autopistas y el día 5 hubo otro caos en el aeropuerto del Prat.
"El Gobierno autonómico negoció con la concesionaria de las autopistas y por ello, por primera vez, se levantaron las barreras y no se cobró peaje", afirman fuentes de la Generalitat". Respecto al Prat, estas mismas fuentes señalan que la gestión del aeropuerto "va mejor que otros años. Esta temporada ha habido una importante subida de pasajeros y se ha trabajado bien, pero hubo un problema puntual hace un par de días: una compañía había contratado a menos trabajadores de los que debía y eso hizo que no se pudiesen facturar entre 300 o 400 maletas, pero el problema fue mínimo".
Documento para el Prat
El Gobierno se ha comprometido a tener listo un documento el próximo mes de septiembre para comenzar a negociar la composición del consorcio que ha de gestionar el aeropuerto barcelonés y en el que tendrá cabida también la Generalitat y organizaciones como Feria de Barcelona, Cámara de Comercio o asociaciones empresariales. El próximo mes también se sacarán a concurso las obras para la tercera terminal o Terminal Satélite, que tendrá edificio propio y una segunda torre de control. El presupuesto de las obras es de 500 millones de euros y su comienzo está previsto para el 2009, justamente cuando se inaugure la Terminal Sur que actualmente se está construyendo.
Las mismas fuentes subrayan que tanto los ferrocarriles como el aeropuerto o las líneas eléctricas de alta tensión, que han creado los grandes problemas de este verano, "pertenecen al Gobierno central". No obstante, mañana jueves la comisión permanente del Parlamento autonómico se reunirá para decidir el día en que deben comparecer los responsables políticos y empresariales de las infraestructuras eléctricas: el presidente de REE, Luis Atienza; el presidente de Endesa, Manuel Pizarro; el delegado del Gobierno, Joan Rangel; y los consejeros de Economía y de Política Territorial y Obras Públicas, Antoni Castells y Joaquim Nadal respectivamente. Por su parte, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, comparecerá ante el Congreso el martes de la próxima semana.
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