14 de mayo de 2025

La huelga del personal de la Seguridad Social paraliza casi 4.000 expedientes en Valencia

La huelga del personal de la Seguridad Social paraliza casi 4.000 expedientes en Valencia
La huelga indefinida que mantienen desde el 15 de octubre los trabajadores de los centros de atención e información de la Seguridad Social (CAISS) ha paralizado, de momento, 3.800 expedientes en la provincia de Valencia. En España los trámites acumulados se elevan a 300.000, según los datos facilitados por la asociación de trabajadores de CAISS.

Estos centros gestionan todo tipo de prestaciones, desde pensiones por viudedad o incapacidad, bajas médicas, tarjetas sanitarias para extranjeros o permisos de paternidad y maternidad. Si, en condiciones normales, el trámite para una prestación se prolonga durante un mes, los expedientes que se hayan gestionado los primeros días de huelga tardarán al menos dos meses y medio en comprobarse. De hecho, desde la asociación explican que en Valencia hay pendientes solicitudes desde el 1 de octubre.

Los paros se realizan los lunes, martes y miércoles y afectan a los 347 centros de atención que la Seguridad Social tiene en España (36 en la Comunitat Valenciana). El seguimiento de la huelga en Valencia ronda el 75%, aunque la asociación convocante de los paros prevé que la próxima semana se sumen más compañeros. Cuando los centros abren con normalidad (jueves y viernes) la situación no mejora para los usuarios. Soportan esperas de más de dos horas para ser atendidos, explican desde los CAISS.

Los funcionarios en huelga son conscientes del perjuicio que causan a los ciudadanos, aunque culpan de ello a la Administración que, hasta ahora, "no se ha dignado a dialogar con los funcionarios afectados ni preocuparse por sus reivindicaciones". Entre ellas figura el aumento de personal. Dicen que la plantilla es, en muchos centros, inferior a la que tenían hace 20 años y que no se cubren las vacantes.

Se quejan también del aumento de cargas y responsabilidades, unidas a las modificaciones legislativas, así como el escaso reconocimiento laboral y económico, con retribuciones "muy por debajo de la especificidad y responsabilidad".

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