La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha llamado a las empresas a cumplir «sin agobios» pero «con seriedad» el decreto ley que desde este domingo, 12 de mayo, les obliga a registrar la jornada laboral de cada uno de sus empleados, medida aprobada en marzo para «acabar con el fraude» que suponen las horas no remuneradas ni libradas y que tampoco cotizan. La también responsable de Migraciones y Seguridad Social ha considerado que los empresarios han tenido «dos meses» para implantar los dispositivos de control horario, aunque ha reconocido que a veces «dejamos las cosas para el último minuto», y ha indicado que la Inspección de Trabajo actuará desde el día 13 «con cabeza, mesura y sentido común». En cualquier caso, ha remarcado que se da «libertad», pues se puede registrar la jornada mediante el tradicional sistema de cha, pero también de forma telemática, a través de la huella, el ordenador o el teléfono móvil para aquellos con jornada exible o teletrabajo.
«Un margen de maniobra para las empresas»
Así, Valerio ha señalado que a partir del lunes 13 los inspectores pueden ir ya a las empresas a comprobar si están implantados y en marcha los dispositivos, pero ha apuntado al respecto que actuarán «con cabeza, mesura y sentido común». En este sentido, ha indicado que van vigilar que el registro de la jornada esté «regulado» por la empresa o, al menos, en tramitación o negociación, de modo que se va a dar «margen de maniobra«. De este modo, si hay dudas, se van a consultar, atender y resolver, antes que a sancionar.
La responsable del Ministerio ha subrayado que con esta medida se pretende «dar un toque» a las empresas para «acabar con el fraude» de las horas extra no pagadas ni compensadas, según ha señalado a preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo en Santander, con el candidato del PSOE a la Alcaldía, Pedro Casares, y su homólogo a la Presidencia de Cantabria, Pablo Zuloaga.
Valerio se ha referido a la plantilla con que cuenta la Inspección de Trabajo en todo el país, compuesta por unas 1.750 personas y que estaba «congelada» en la última década, pero a la que en los próximos cuatro años se van a incorporar 833 efectivos más, una dotación «potente» que supone un incremento del 23%. Además, se va a reforzar el servicio con medios materiales.
Al hilo de lo anterior, ha aludido a los 80.000 contratos temporales fraudulentos que había en toda España y que a raíz del plan director por un trabajo digno y con una sola «carta» se convirtieron, un 75% de ellos, en indenidos, lo que supone 61.000 en el país, 1.700 de ellos en Cantabria.
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