CCOO rechaza el anteproyecto de medidas de agilización procesal porque recorta derechos a los ciudadanos

RRHH Digital. El Sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha denunciado que el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal pone límites a los ciudadanos a la hora de acceder a los diferentes servicios judiciales y puede entrar en contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva.

CCOO entiende que con este anteproyecto no se cumplen los objetivos del Gobierno de agilizar y facilitar el funcionamiento de los tribunales civiles y contencioso-administrativos, y no se contribuye a modernizar la Administración de Justicia.

Entre las reformas que recoge el anteproyecto se encuentran, en el orden jurisdiccional civil, la supresión del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía (hasta 6.000 euros), la “actualización” de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo,  que pasa de 150.000 a 800.000 euros, y también se eleva el límite cuantitativo para el  recurso de apelación, que pasa de 150.000 a 800.000 euros.

En opinión de CCOO, el conjunto de medidas con las que el Ejecutivo pretende  agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y tiempo, y racionalizar los recursos no refuerza los derechos de los ciudadanos para acceder a la  justicia.
En este sentido, el sindicato recuerda que ya con la ley orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, se introdujo la obligatoriedad de la constitución de un depósito para recurrir, incluso para los propios empleados públicos que, hasta ese momento, podían acogerse a la justicia gratuita para los recursos acerca de sus condiciones laborales.
Según CCOO, el Ministerio de Justicia no conseguirá con estas medidas agilizar los tiempos de los procesos judiciales ni acabar con el retraso acumulado en los juzgados de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, ni tampoco con el atasco existente en el Tribunal Supremo.