Recursos Humanos Digital. La Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) ha lamentado la «cacería» contra los profesionales del taxi en Córdoba, lo que para el vicepresidente de ATA, Rafael Amor, «es incomprensible la postura de las entidades implicadas».
En un comunicado, Amor manifestó que, por un lado, la Junta de Andalucía a través de la Agencia Andaluza de la Competencia, «no defiende al colectivo de trabajadores autónomos del sector del taxi que están siendo uno de los grandes perjudicados por la crisis, ya que no han incrementado sus tarifas, soportan la competencia desleal y además generan empleo al retomar a familiares que se han quedado en paro».
Además, ATA señaló que la Junta sí ha mantenido reuniones con otros sectores sancionados por la Comisión Nacional de Competencia para analizar posibles acciones a adoptar ante la sanción impuesta.
De esta manera, dijo que no se entiende la postura da Facua, quien denunció las denominadas ‘listas negras’ del servicio de radio taxi, y que «se centra en un colectivo de profesionales que da un servicio a los consumidores y no cuestiona asuntos tan perjudiciales para los ciudadanos como son los registros de morosos de las entidades financieras y otras entidades o listas de espera que afectan a la ciudadanía en asuntos tan importantes como la salud».
Según ATA, tanto esta asociación de consumidores, como la Agencia Andaluza de la Competencia, «demuestran, una vez más, el desconocimiento que tienen sobre el trabajo autónomo y el flaco favor que le hacen a los profesionales autónomos al ejercer una potestad sancionadora sin tener en cuenta las repercusiones que para estos y sus familias tiene esta injusta y desproporcionada sanción y las continuas trabas e impedimentos que se les ponen en el ejercicio de su actividad «.
Cada servicio nulo perjudica económicamente al profesional autónomo y es necesario concienciar a la ciudadanía de este problema, añadió Amor. En su opinión, «la solución no es la ampliación del ratio de licencia, que es una rabieta y despropósito, o la elevada sanción administrativa, sino buscar soluciones que no perjudiquen a los consumidores y los profesionales».
Por ello, ATA considera que la sanción de la Agencia Andaluza de la Competencia es «desproporcionada e injusta», al tiempo que supone «un duro golpe» para este sector, «poniendo en peligro» un gran número de puestos de trabajo.
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