Recursos Humanos Digital. Los sindicatos de la Función Pública manifestaron hoy su malestar ante el recorte de la Oferta de Empleo Público para 2010, que limitará al 10% la tasa de reposición de vacantes (sólo se reemplazará un puesto por cada diez funcionarios que se jubilen) y que rebaja en un 87% las plazas de nuevo ingreso respecto a 2009.
Así, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que «no se puede estirar» el recorte del empleo público hasta «extremos insoportables» porque se corre el riesgo de hacer a los servicios públicos «absolutamente ineficaces».
En declaraciones a Europa Press, Toxo señaló que su sindicato exigirá el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo para la Función Pública que suscribieron con el Gobierno junto a UGT y CSI-CSIF el pasado mes de noviembre, y en el que se establecía una tasa de reposición de vacantes de aproximadamente el 15% para este año.
Por su parte, la secretaria general de la Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Yolanda Palomo, mostró su «rechazo absoluto» al recorte de la tasa de reposición por los incumplimientos y las consecuencias negativas que originará.
Palomo, en declaraciones a Europa Press, advirtió de que esta medida «incumple el acuerdo que se firmó el 25 de septiembre de 2009» y «la Ley de Presupuestos Generales para 2010«.
Además, Palomo explicó que la menor tasa de reposición «deteriorará la calidad de los servicios públicos», al tiempo que acarreará «mayor gasto público a medio y largo plazo por la necesidad de externalizar servicios, principalmente esenciales, ante la demanda ciudadana.
Asimismo, la responsable sindical criticó que «no se haya valorado el coste de renunciar a un modelo público fuerte» y subrayó que existen muchos ejemplos de informes que advierten de los efectos negativos que esto puede provocar, como «la Moción del Tribunal de Cuentas dirigida al Parlamento con fecha de febrero de 2009».
CSI-CSIF: LOS ACUERDOS ESTÁN PARA CUMPLIRSE
Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-CSIF) también manifestó su malestar a Europa Press a través de su secretario nacional de Formación, Miguel Borra.
Borra subrayó «que los acuerdos están para cumplirlos» y anticipó que, con el recorte del empleo público, «una serie de colectivos dentro de la Administración General del Estado van a ver mermados el número de efectivos y, por lo tanto, la calidad de los servicios que prestan».
Miguel Borra incidió en que debe existir el número de empleados públicos necesario para ofrecer un servicio público de calidad, «ni uno más ni uno menos», y denunció el proceso de externalización que se está produciendo en el sector público mediante la creación de numerosas empresas públicas, en lo que supone una «forma de privatización».
Según el secretario nacional de Formación de CSI-CSIF, «la proliferación de organismos públicos escapa al control de sus empleados» y, sin embargo, da la sensación de que los trabajadores «tienen que ser los culpables».
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