La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, apostó ayer por el trabajo coordinado para asegurar las «mejores condiciones laborales» y «de habitalidad» a los trabajadores extranjeros que llegan a España y Extremadura, de los que resaltó que «tienen derecho a hacerlo»–venir a España–.
Pereira reiteró la obligatoriedad de dar de alta a estos trabajadores en la Seguridad Social y de respetar de sus derechos y añadió que «aunque no está todo conseguido, se va poco a poco mejorando», además añadió que «siempre hay gente que se aprovecha de la necesidad del otro».
De la misma manera, recalcó que, desde el Gobierno de España, se está «dispuesto» a prestar el «apoyo» y el «auxilio necesario» aunque matizó que las competencias en habitalidad no la tiene la Delegación del Gobierno.
Pereira, a preguntas de los periodistas momentos antes de comenzar el acto de conmemoración del 50 aniversario de la creación de la DGT, se refirió así sobre algunas críticas ante la posible existencia, en la localidad pacense de Almendralejo, de viviendas que podrían acoger a un excesivo número de trabajadores de nacionalidad rumana.
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