Gobierno y sindicatos mantendrán una reunión «discreta» a lo largo de esta semana para estudiar la posible ampliación de la ayuda de 420 euros a parados que hayan agotado sus prestaciones y subsidios y no cuenten con ingresos suficientes, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.
Como anunciara el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su paso por Lanzarote la pasada semana, el Ejecutivo está dispuesto a revisar los términos de esta ayuda, que desde su puesta en marcha el pasado lunes ha sido objeto de polémica.
La razón es que no beneficiará a todos los parados que se encuentren en esta situación, sino sólo a los que agoten sus subsidios desde el 1 de agosto. Desde diferentes frentes se ha acusado al Gobierno de dar información engañosa en torno a la ayuda y se le ha pedido que la amplíe retrasando la fecha de inicio.
En este sentido, las mismas fuentes indicaron que «hay que echar números», ya que el problema que se plantea a la hora de ampliar la ayuda es el gasto que podría acarrear. Por ese motivo dejaron en el aire la posibilidad de que la modificación del subsidio vaya al Consejo de Ministros del próximo viernes 28 de agosto.
Por lo pronto, su coste se ha cifrado en 642 millones de euros, si bien cada mes más supondría un incremento del gasto de 100 millones de euros, según cálculos del Ministerio de Trabajo.
Además, la memoria económica del decreto ley parte del supuesto de que los beneficiarios del subsidio de 420 euros no agotarán los seis meses previstos y lo cobrarán durante 4,5 meses de media antes de encontrar un nuevo puesto de trabajo.
Ahora bien, indica que «en el periodo de aplicación de la medida no se estima que se vaya a producir una variación importante de las condiciones del mercado de trabajo», lo que sugiere que de complicarse la situación el coste sería aún mayor, puesto que la permanencia en el desempleo también tendería a dilatarse más allá de los 4,5 meses de media.
Por otro lado, los sindicatos han venido reclamando que la ayuda se preste por un periodo de un año, en lugar de seis meses. Así lo pusieron de manifiesto en las reuniones de la mesa del diálogo social en las que se fraguo esta medida.
En paralelo, el Gobierno prevé celebrar otra reunión el próximo día 26 de agosto para instrumentar la colaboración con la comunidades autónomas a la hora de gestionar la ayuda, el mismo día que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar el nuevo modelo de financiación autonómica.
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