RRHH Digital. Justicia de Aragón mantiene abierta la investigación sobre la situación existente en relación con el puesto de trabajo de Director/a del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente, servicio administrativo adscrito al Departamento de Medio Ambiente.
Admitida a trámite la queja presentada por esta Asociación el pasado mes de mayo, desde el Justicia de Aragón se requirió información sobre el caso al Departamento de Medio Ambiente. La información facilitada se ha considerado insuficiente por la institución del Justicia, razón por la cual -según informa a esta Asociación en un reciente escrito- se ha solicitado una ampliación de información al Departamento responsable.
En consecuencia, nos hallamos a la espera de la decisión final que adopte el Justicia de Aragón sobre un caso que esta Asociación considera particularmente grave y sintomático de la irregular política de personal seguida por el Departamento de Medio Ambiente, con la clara tolerancia de los responsables de función pública del Gobierno de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa formuló la citada queja al Justicia de Aragón, sobre la situación en que se halla el puesto de Director/a del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), al tener conocimiento de que dicho puesto se estaba ejerciendo por persona que no tenía la condición de funcionario de carrera, existiendo la probabilidad de que dicha persona se hallase contratada por la empresa pública Sodemasa para trabajar, mediante cesión ilegal de trabajadores, en los servicios del Departamento.
Según la información difundida por el propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, las funciones de dicho puesto de trabajo, con categoría de jefe de servicio y reservado a funcionarios de carrera, eran desempeñadas por Carlos Franco, persona que no reune la condición de funcionario, circunstancia que constituye una vulneración de la normativa de función pública y que podría suponer la comisión de un ilícito penal, ya que el desempeño de puestos de funcionarios por personas que no lo son se halla tipificado en el Código Penal como un delito contra la Administración.
La situación irregular de dicho puesto de trabajo, a juicio de esta Asociación, debe enmarcarse en el abuso reiterado en que incurren los responsables del Departamento de Medio Ambiente en materia de gestión de personal, ya que se ha venido haciendo uso frecuente del personal laboral de la empresa pública SODEMASA para la realización de funciones técnicas y administrativas que corresponden al personal funcionario del Departamento.
Dicha estrategia ha llevado a una progresiva suplantación del personal funcionario del Departamento por personal de la empresa SODEMASA, cuya selección se encuentra al margen de procedimientos reglados y cuyo desempeño no reviste las garantías de imparcialidad y objetividad que corresponde a la labor de los funcionarios públicos.
El caso del puesto de Director/a del CIAMA no constituye, a juicio de esta Asociación, un caso aislado o singular, sino un claro ejemplo de la política de personal seguida por el Departamento de Medio Ambiente, claramente alejada de la legalidad administrativa, con la única finalidad de huir a los controles y garantías del sistema de función pública y de asegurar un mayor control político sobre la actuación del aparato administrativo.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa entendía que tal situación, tolerada por los responsables de función pública del Gobierno de Aragón, quienes no dudaron en desatender los escritos de denuncia de esta Asociación, había de ser objeto de una investigación oficial por parte de los órganos e instituciones de control externo, razón por la cual se dirigió la oportuna queja al Justicia de Aragón en relación con la situación de dicho puesto, al tiempo que se le pedía una investigación sobre la posible utilización irregular del personal laboral de la empresa pública SODEMASA para la realización de funciones propias de la organización administrativa del Departamento de Medio Ambiente.
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