La Junta de Extremadura pone en marcha 21 talleres de recualificación para desempleados de la construcción

La Junta de Extremadura aprobó la puesta en marcha de 21 talleres de recualificación dirigidos a personas desempleadas del sector de la construcción para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. La financiación prevista para el desarrollo de estos talleres asciende a siete millones de euros.

Según informó la Administración regional en nota de prensa, en el desarrollo de estas actividades se llevarán a cabo programas formativos mixtos en los que se incluyen acciones de formación ocupacional en especialidades concretas, y la realización de prácticas profesionales que capaciten a las personas beneficiarias para el desempeño de las cualificaciones profesionales adquiridas.

Estos eventos formarán parte de las medidas extraordinarias de formación y empleo incluidas en el Programa ‘Traforma’, diseñado por el Servicio Extremeño Público de Empleo para dar respuesta a la situación coyuntural de crisis económica y, facilitar nuevas oportunidades de empleo a las personas trabajadoras afectadas por la crisis en el sector de la construcción y se encuentran inscritos como demandantes de empleo.

Además de esta iniciativa, en el Programa ‘Traforma’ se incluyen otro tipo de talleres dirigidos a la obtención de carnés de instaladores o tarjetas profesionales relacionados con las actividades de fontanería, instalaciones térmicas, electricidad y gas.

También se incluyen actuaciones de formación para emprendedores en el ámbito del sector de la dependencia y acciones formativas con compromiso de contratación promovidas por empresas y entidades sin ánimo de lucro en la región.

Para el desarrollo de estos talleres se aprobó realizar encomiendas de gestión a empresas públicas cuyo ámbito de actuación se extienda al conjunto de Extremadura, «generalizando las oportunidades de acceso de los extremeños a estos programas y garantizando los niveles de calidad requeridos en su desarrollo para mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias», apuntó la Junta.

Además, el objeto social de las empresas públicas participantes se corresponde con la naturaleza de las especialidades formativas a impartir, un hecho que, según dijo, contribuirá a una «mayor» adecuación de las acciones a desarrollar con las necesidades reales del mercado laboral.