En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, García explicó que la APM ha intentado mantener una posición «institucionalmente responsable y contenida» y no secundaron la primera convocatoria de paro porque «se abría un proceso de negociación» por el que apostaban «muy convencidamente» pero, tras muchas reuniones «las soluciones no avanzan al ritmo» con el que ellos contaban.
El portavoz del la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, reconoció hoy los buenos modos del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pero insistió en apoyar la huelga que tiene convocada el sector para octubre porque parece que en España los políticos sólo se mueven «desde la amenaza de adopción de medidas de fuerza o de presión».
En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, García explicó que la APM ha intentado mantener una posición «institucionalmente responsable y contenida» y no secundaron la primera convocatoria de paro porque «se abría un proceso de negociación» por el que apostaban «muy convencidamente» pero, tras muchas reuniones «las soluciones no avanzan al ritmo» con el que ellos contaban.
A su juicio, las cuestiones «cruciales» de la negociación, o no se han abordado, o se han abordado «desde el diálogo y las propuestas de futuro, pero no sobre la base de un programa de soluciones susceptible de ponerse en práctica». «Caamaño aceptó el ministerio para desembarcar con ideas, con una política que llevar adelante y con la intención, por él reiterada muchísimas veces, de intentar paliar y abrir un horizonte de soluciones a los problemas que tiene desde hace muchísimos años la administración», subrayó.
Preguntado sobre la legalidad de la huelga convocada para octubre, afirmó que, mientras no se aclare «explícitamente», la «factibilidad de ir a una convocatoria de este tipo seguirá estando vivo» y nadie podrá decir «que existe una prohibición» contemplada legalmente. García expresó además su convicción de que la huelga de octubre «será secundada masivamente».
REPROCHES AL CGPJ
Asimismo, reconoció que la falta de solución a los problemas de la Justicia no se deben sólo al ministerio y a las consejerías de las comunidades autónomas, sino también al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se «preocupa y ocupa» de temas que «desde luego» no son los más importantes para usuarios del servicio público de la Justicia, jueces y magistrados.
Según explicó, «todo el mundo» se ha convencido de que los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia son «absolutamente insuficientes» para la labor que tienen que desempeñar. Añadió que Caamaño les había prometido que iban a contar con «más personal y mejor preparado», además, debido a la crisis económica «hay en los juzgados más trabajo del que ha habido en los últimos 15 ó 20 años».
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