Los sindicatos FETE-UGT, CC.OO., CSI-CSIF, STEM y CSIT-UP anunciaron ayer una jornada de huelga en la enseñanza pública no universitaria para el 25 de marzo en toda la Comunidad de Madrid.
Esta huelga, a la que están llamados 50.000 docentes y que afectará a cerca de un millón de alumnos, se produce en el marco de la primera fase de movilizaciones en defensa de la escuela pública que tendrán lugar entre febrero y marzo, y que incluyen una concentración el 24 de febrero, a las 18 horas, ante la Consejería de Educación y una manifestación el 25 de marzo, a las 18 horas, desde la plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.
Además de estas tres convocatorias, los sindicatos de enseñanza que aglutinan al 80 por ciento del profesorado de la región celebrarán, bajo el lema ‘Por la escuela pública’, actos reivindicativos el 10, 11 y 12 de febrero, que aún no están concretados, aunque se valora la realización de ‘ruedas americanas’ alrededor de la Consejería y asambleas informativas, entre otras. También el 17, 18 y 19 de febrero se celebrará la asamblea permanente por la Escuela Pública.
Ya en marzo, el día 14 se convoca un encuentro regional, mientras que el 25 se llevará a cabo una huelga en la enseñanza pública no universitaria, que se completará con una concentración a las 12 horas en las cinco Direcciones de Área Territorial de la Comunidad y una manifestación por la tarde desde la Plaza de la Villa hasta Sol.
El objetivo de estas movilizaciones es alcanzar ‘un nuevo acuerdo educativo y político por la educación madrileña’, según señaló el representante de CC.OO., Paco García, que afirmó que el diálogo social en educación ‘está roto desde que Lucía Figar es consejera del ramo’. ‘Hace tiempo que no se nos tiene en cuenta, lo único que nos queda es salir a la calle’, indicó.
ÚLTIMO ACUERDO EN 2005
El último acuerdo que se firmó entre la Consejería y los agentes sociales data de 2005, ‘pero el Gobierno regional lo ha dejado morir de acuerdo a una política autista, de aislamiento de los sindicatos’. ‘Figar sólo firma ‘acuerditos’ que no resuelven nada con el sindicato ANPE, que sólo aglutina al 20 por ciento de los profesores, mientras que nosotros casi no la conocemos’, aseguró el representante de CC.OO.
En el acuerdo que reclaman, se valoraría la creación de centros educativos públicos en los nuevos desarrollos urbanísticos, un plan para la rehabilitación de los centros educativos públicos, y la negociación en la mesa sectorial de todas las condiciones laborales y retributivas del profesorado, así como la homologación con las comunidades autónomas de similar renta.
Además, los sindicatos FETE-UGT, CC.OO., CSI-CSIF, STEM y CSIT-UP se muestran en contra de las ‘privatizaciones’ para alcanzar una enseñanza pública de calidad. En este sentido, exigen la ‘ampliación de la red pública de centros y que se mantenga la titularidad y gestión pública, paralizar las privatizaciones, evitar la cesión o venta de suelos dotacionales, parar la externalización de servicios, crear un nuevo decreto de escolarización que corrija los desequilibrios existentes y la derogación de los actuales decretos de educación infantil’.
Asimismo, exigen la ‘dignificación’ de los profesionales de la enseñanza mediante la ‘no congelación salarial de los complementos específicos y el cumplimiento del acuerdo del cien por cien de los complementos en las pagas extraordinarias; así como el desarrollo y aplicación de los temas pendientes del acuerdo sectorial, como el reconocimiento de la función tutorial, nueva negociación de permisos y licencias o la reducción del horario lectivo, entre otros.
Además, reclaman la mejora de las condiciones laborales de interinos, itinerantes, en expectativa, desplazados y suprimidos; la convocatoria inmediata de las oposiciones en Primaria con todas las plazas necesarias; el desarrollo y aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público; y el desarrollo legislativo y aplicación de medidas que posibiliten la conciliación de la vida familiar y laboral.
MENOR INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
El representante de CESIT, Pedro Femosel, ejemplificó las ‘carencias’ de la enseñanza en la Comunidad asegurando que, mientras que el Gobierno regional invierte un 1,78 por ciento del PIB en educación, la media nacional se sitúa en un 3 por ciento. Asimismo, hizo referencia a las caída de estudiantes matriculados en las escuelas públicas en los últimos 10 años: ‘Mientras que en toda España descendió un 2,6 por ciento, en Madrid cayó hasta un 6 por ciento’.
En esta línea, criticó que mientras en Cataluña el número de alumnos matriculados en los últimos cinco años asciende a 125.000 en la pública y 9.000 en la concertada, en Madrid las cifras se tornan, ya que se inscribieron 27.000 en la pública y 67.000 en la concertada. ‘El Gobierno regional ha aumentado un 90 por ciento las inversiones en la escuela privada y sólo un 40 por ciento en la pública’, señaló.
Asimismo, calificó de ‘destrucción de empleo público’ la reducción de docentes en los últimos cinco años. ‘No hay que adelgazar la Administración como dice la presidenta regional, Esperanza Aguirre, sino algunas ambiciones políticas’, dijo.
La Plataforma dejó claro que las movilizaciones ‘no son parte de una estrategia política para derribar al Gobierno de Aguirre como se ha dicho’. ‘Nos da igual el partido que esté, lo que nos preocupa es la enseñanza pública’.
Asimismo, criticaron la prueba de sexto de Primaria, porque ‘no sirve de nada hacerla si luego no se toman medidas para apoyar a los que sacan peores notas’, señaló el representante de UGT, José Mata.
Los sindicatos convocarán a la huelga al personal docente y de administración y servicios, aunque informarán a las organizaciones estudiantiles de sus reivindicaciones en busca de apoyo. Sólo la llamada de la Consejería para iniciar las negociaciones podría cancelar las movilizaciones, aunque los sindicatos no confían en que esto se produzca.
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