El Gobierno regional mantendrá a partir del 1 de enero el régimen de colaboradoras sanitarias a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, pero no a sus familias, ante la decisión del Ejecutivo central de suprimir los acuerdos con las colaboradoras de la Seguridada Social en los Presupuestos Generales del Estado para 2009.
"La Comunidad ha decidido seguir prestando esta asistencia sanitaria como mejora social adicional", recalcó ayer el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, quien tachó de "muy equivocada" la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al suponer una merma en la calidad de la asistencia sanitaria que recibían hasta ahora 200.000 personas en la Comunidad de Madrid.
La medida se propuso el pasado viernes en la constitución de la Mesa de la Función Pública con la que se pretende reestablecer las relaciones entre los sindicatos y la Comunidad de Madrid en beneficio de los trabajadores públicos. La propuesta permitirá a cerca de 130.000 funcionarios disponer de un médico privado pagado por las arcas regionales.
Los sindicatos se oponen a la eliminación de los convenios con las colaboradoras, puesto que supondrá que más de 200.000 personas sean derivadas a la atención sanitaria de la Comunidad de Madrid. Esto implicaría un colapso de los servicios sanitarios, según explican.
En la mesa, Granados propuso mantener un sistema de seguridad social y otro de colaboración, medida que fue aplaudida por los sindicatos. No obstante, esta decisión se tiene que debatir en sus órganos de decisión.
Por otro lado, el consejero presentó a los sindicatos una propuesta de documento de 10 puntos que tiene como objetivo normalizar las relaciones entre los sindicatos y la Comunidad de Madrid para lo que queda de legislatura y que incluye, entre otros aspectos, un nuevo planteamiento en cuanto a las liberaciones sindicales, las subvenciones a los sindicatos, la carrera profesional de los empleados públicos, la consolidación del empleo, así como la mejora de la formación y la disminución de los riesgos laborales.
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