Un total de 80 personas, cuatro empresarios ficticios y el resto trabajadores, han sido finalmente imputadas en Granada por el supuesto fraude a la Seguridad Social, que asciende, por ahora, a 4,2 millones de euros.
Sin embargo, el número de los posiblemente implicados es superior, ya que asciende hasta unos 340, si bien la operación, denominada ‘Operación Genil’ sigue abierta, por lo que no se descarta que haya más detenciones y que el número de los que pudieron incurrir en tal fraude supere los 450.
Así lo señaló ayer en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, que estuvo acompañado en su comparecencia por la directora territorial de la Tesorería de la Seguridad Social, Inmaculada Hidalgo, el director provincial del INEM, Jerónimo Arjona, y el jefe de la Inspección de Trabajo, Jesús Jiménez.
Cruz informó de que a los cuatro empresarios se les imputan los delitos de insolvencia punible, contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, mientras que a los 76 trabajadores restantes se les considera presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa.
Las empresas implicadas, todas relacionadas con el sector de la construcción, que podrían ser 14, no tenían actividad alguna, salvo una de ellas, que tan sólo contaba con un número muy reducido de trabajadores en plantilla y muchos más de alta.
Según señaló la directora territorial de la Tesorería de la Seguridad Social, la supuesta estafa consistía en la contratación de empleados por parte de los empresarios, que recibían, al parecer, 500 euros a cambio. Los trabajadores conseguían así prestaciones por desempleo u otro tipo de subsidios, un fraude que se detectó en 2006, cuando fueron a cobrarlos.
EMPRESAS QUE SE DABAN DE BAJA Y SE CONSTITUÍAN EN NUEVAS
Las investigaciones se iniciaron así después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos diez empresas en la modalidad de subcontratas que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por el C.I.A.N, con el que colaboraba J.R.C.C.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.
En estas empresas, que tenían una escasa actividad laboral y en otros casos carecían de ella, habían sido dados de alta un número elevado de personas, que, si bien en algunos casos han declarado haber trabajado, no han logrado identificar los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral. La mayoría son mujeres, muchas de las cuales se dedicaban de forma habitual a la venta ambulante. Otros no habían tenido actividad laboral anterior.
DESEMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El importe que han percibido por desempleo, según las estimaciones, asciende a un total de 650.000 euros, mientras que las empresas no han pagado a la Seguridad Social un total de 3,5 millones.
Tras prestar declaración, 78 de los detenidos han sido puestos en libertad con cargos, mientras que los supuestos empresarios, C.I.A.N. y J.R.C.C. pasaron a disposición judicial el pasado viernes, cuando el juez decretó su ingreso en prisión para el primero y dejó en libertad con fianza de 6.000 euros al segundo, que ha pagado precisamente esa cantidad esta misma mañana, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Según incidió Cruz, la operación, coordinada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, ha sido posible por la coordinación entre Inspección de Trabajo, Seguridad Social y el INEM.
El subdelegado quiso además dejar claro que los cuatro empresarios detenidos no eran tales, sino meros "delincuentes" que usaban el nombre de empresas ficticias para lucrarse. Según indicó, la operación no se da por cerrada, por lo que se prevén más detenciones en los próximos meses.
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