Uno de cada tres españoles sin acceso a la asistencia sanitaria pública en España es abogado, según el CGAE

Una de cada tres españoles que no puede acceder a la sanidad pública por pertenecer a colectivos como el de los profesionales liberales y no estar dados de alta en la seguridad social–unas 200.000 personas en nuestro país–, es abogado, lo que supone un total de 65.000 profesionales en esta situación, denunció el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Mutualidad General de la Abogacía en la Jornada ‘Abogados y Asistencia Sanitaria Universal’.

El encuentro, celebrado en el Colegio de Abogados de Madrid, contó con el consejero de Sanidad y Consumo de España ante la Unión Europea Francisco Sevilla Pérez y el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Alfredo Montoya Melgar.

Ambos coincidieron en señalar que las leyes recogen expresamente el derecho constitucional a recibir asistencia pública universal y gratuita, pero que es necesario llevarlo a la práctica sin más demoras, eliminando las trabas que actualmente existen.

Según Montoya Melgar, "pese a tantos y tan proclamados propósitos, hoy la asistencia sanitaria pública sigue sin ser universal ni gratuita, ya que algunos colectivos que no están incluidos en el campo de aplicación de la seguridad social no pueden acreditar falta de recursos y están desprotegidos". Es el caso de los abogados.

Para el profesor, lo ideal sería "una solución global y definitiva con una universalidad práctica y que afecte a todo el mundo que pasa por acabar con el sistema de prestaciones de la seguridad social y una financiación de la Sanidad a través de los impuestos".

Por su parte, Sevilla Pérez subrayó durante el encuentro que la solución a ese agravio comparativo requiere "una decisión política clara que no se ha adoptado hasta ahora porque se han complicado las relaciones entre seguridad social, Sistema Nacional de Salud (SNS) y comunidades autónomas que no han permitido el abordaje global".

Una decisión que, a su juicio, llevaría a la universalización de la sanidad, "bien como derecho de la ciudadanía o como prestación no contributiva dentro de la seguridad social". Recordó que los ciudadanos sin cobertura pública en la actualidad son "una minoría" y que su situación "atenta contra varios principios constitucionales".