Un total de 1.073 trabajadores han perdido su empleo en los 59 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de contrato que se han realizado en Aragón en los primeros once meses de 2008, según datos presentados hoy por la Unión General de Trabajadores (UGT) en Aragón.
El secretario general de esta Organización, Julián Lóriz, señaló en rueda de prensa que la previsión es que este tipo de Expedientes de Regulación de Empleo proliferen más en el año 2009 y criticó el "abuso" que alguna empresas hacen de este mecanismo jurídico, muchas veces de forma injustificada, dijo.
En Aragón, se han presentado en 2008 un total de 274 Expedientes de los cuales 59 suponen extinción de contratos; 173 suspensión de empleo y 42 reducción de jornada.
El número de trabajadores afectados en este mismo periodo es de 21.144, de los cuales 1.073 han perdido su trabajo; 18.948 lo han visto suspendido temporalmente y 1.123 trabajadores han reducido su jornada.
UGT Aragón presentó una serie de propuestas en el marco de la celebración del Consejo Consultivo de Negociación Colectivo del sindicato, como una mayor capacidad de intervención de los representantes sindicales; un mayor desarrollo del proceso de regulación; que las empresas presenten los ERE junto un plan social de acompañamiento y la actuación de los Servicios Públicos de Empleo para los trabajadores que hayan perdido su trabajo.
REGULACIÓN DE LOS ERE
Lóriz se refirió a la necesidad de desarrollar en mayor medida el proceso de Expediente de Regulación de Empleo, en el que se exija justificación a la empresa y en el que se garantice la intervención sindical y la protección social para los trabajadores
El secretario general de UGT Aragón consideró que la parte social, es "la más débil" en el proceso de negociación de los Expedientes, por lo que pidió "mejorar la corresponsabilidad" de las tres partes implicadas en la negociación (empresa, trabajadores y Administración).
A juicio de Lóriz, la Dirección General de Trabajo debería informar a las centrales sindicales de las solicitudes de autorización de ERE realizadas por las empresas, para favorecer la anticipación de los sindicatos.
Asimismo, señaló que la administración debe exigir a la empresa que justifique económicamente la necesidad de acudir a un ERE y que presente a las centrales en un plazo de diez día (todavía dentro del plazo de negociación entre empresa y trabajadores), un informe en el que valore si considera justificadas o no las motivaciones alegadas por la empresa.
"No es admisible que haya empresas que al socaire de la coyuntura económica aprovechen para hacer ajustes de empleo", criticó Lóriz, al tiempo que añadió que se mostrarán "mucho más beligerantes" con las empresas que han conseguido grandes beneficios en los últimos años.
También incidió en que la administración laboral debería vigilar especialmente a las empresas que, en vez de realizar un expediente colectivo, en el que deben de negociar con los representantes de los trabajadores, realizan "un goteo de despidos individuales".
PROTECCIÓN SOCIAL
Lóriz explicó que en el proceso de los ERE debería garantizarse una mejor protección social de los trabajadores afectados por medio de complementos a la prestación por desempleo para reducir la pérdida de rentas.
Por otra parte, señaló que deberían reponerse las prestaciones por desempleo a los trabajadores que entren en un expediente de extinción de empleo y hayan visto afectado su periodo de cotizaciones en expedientes anteriores.
Asimismo, consideró que debería regularse que los trabajadores temporales cuyo contrato finalice en el plazo que dure el Expediente queden exentos de entrar en el mismo. También deberían de regularse condiciones especiales para trabajadores mayores de 55 años.
PLAN SOCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO
A juicio de UGT Aragón, las empresas con más de 50 trabajadores que presenten un Expediente de regulación de Empleo deben acompañarlo de un plan social de acompañamiento para favorecer la recolocación d los trabajadores afectados.
Estos planes pueden ser de mejora de formación, de ayudas para el autoempleo o planes de recolocación en otras empresas del mismo grupo o del mismo sector.
UGT Aragón también pidió una actuación similar a los Servicios Públicos de Empleo, con medidas que favorezcan la recolocación de los trabajadores afectados por un Expediente de extinción de empleo.
BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS
Lóriz distinguió entre empresas que hacen buenas y malas prácticas, subrayando que las empresas que mantienen una comunicación continuada con los trabajadores presentándoles planes industriales y de inversión periódicamente, y que en caso de tener que recurrir a un ERE lo presentan en primer lugar a los trabajadores, tienen menos problemas para alcanzar acuerdos con sus plantillas.
Como ejemplo de buenas prácticas citó al Grupo Disminuidos Físicos de Aragón, que ha afrontado los problemas que tiene para que continúen en la actividad los trabajadores que están desarrollando su labor en el campo de la automoción con un plan de recolocación en otras empresas en las que DFA tiene actividad.
En contra, nombró a la Empresa ‘La bella Easo’, del grupo Barilla, la cual ha presentado un ERE "desproporcionado" sin previo aviso a los representantes sindicales.
El secretario general de UGT Aragón recordó que en la normativa de los Expedientes de Regulación de Empleo se señala explícitamente que esos deben estar justificados a la continuidad de la empresa y que deben de buscar siempre "el menor daño social".
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