Las asociaciones de rumanos y búlgaros residentes en España pidieron ayer que el Gobierno levante en enero de 2009 la moratoria que les impide trabajar en España si carecen de un contrato de trabajo en origen.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Rumanos en Europa (ADERE), Daniel Tecu, ha calculado que, como resultado de la moratoria, "el Estado español ha dejado de ingresar 1.800 millones de euros" en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social.
Así, ha planteado que la moratoria ha "animado y facilitado el trabajo subterráneo, dejando a España en el primer lugar de los países europeos, en el trabajo ilegal" con unos 300.000 trabajadores que no han cotizado a la seguridad social durante los últimos dos años.
"Han dejado que todas estas personas trabajasen en puestos de trabajos inferiores a su preparación, y peor pagados", ha subrayado Tecu, quien ha destacado también la incoherencia que supone el que estas personas puedan votar en elecciones locales y europeas convocadas en España, pero no puedan trabajar.
La posibilidad de que a finales de este año el Ejecutivo decida mantener la moratoria les ha impulsado a denunciar la situación por medio de un manifiesto que quieren hacer llegar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El documento ha sido firmado por más de 150 organizaciones de rumanos y búlgaros que piden que la moratoria "se levante de forma inmediata" ya que perjudica tanto a los ciudadanos de estos países europeos, a quienes se trata como "ciudadanos de segunda".
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