Desarticulado en Palma de Mallorca un grupo organizado dedicado a la explotación sexual de mujeres

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en Mallorca y ha detenido en Palma a dos personas como presuntos responsables.

Según ha informado la Jefatura de Policía en un comunicado, los detenidos son Reina Isabel A.C., de nacionalidad paraguaya y nacida en 1984, y a Antolín M.R., nacido en Palma en 1971.

Ambos están acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal para explotación sexual, lucro de la prostitución y asociación ilícita.

En la vivienda palmesana en la que se llevaba a cabo este ‘negocio de explotación’, situada en la calle Albacete, los agentes localizaron tres mujeres de origen paraguayo que eran obligadas a ejercer la prostitución junto con otras cinco que, de forma voluntaria, ‘trabajaban’ para terceros, desde hacía ‘una veintena de días’, añade la nota.

Antolín M.R. es supuestamente el propietario de la vivienda y la persona que trasladaba y vigilaba a las mujeres, mientras que Reina Isabel A.C. era la encargada de controlar el ‘burdel’ y la vivienda y actuaba además de enlace con el país de origen. El resto de integrantes del grupo residían en Paraguay.

Durante la investigación, la Policía averiguó el modo en que las mujeres ‘de procedencia socialmente baja’ -madres, solteras y sin recursos-, eran captadas en Paraguay para venir a España para trabajar tanto como empleadas como para ejercer la prostitución.

Mediante una cámara ‘webcam’ eran entrevistadas desde su país a través de internet y, posteriormente, se les buscaban ‘rutas fáciles’ para viajar hasta España, se les abonaba el viaje y se les obligaba a firmar un documento similar a un reconocimiento de deuda ante notario por valor de casi 5.000 euros.

Cuando arribaban a Palma las encerraban en un piso con una jornada laboral de 24 horas, en las que no les dejaban salir de la vivienda e incluso les retiraban sus pasaportes. Sin posibilidad de recibir ganancias, sus deudas se acrecentaban paulatinamente al ser añadidos los gastos de estancia y manutención, señala la Policía.

La Policía ha intervenido además unos 10.000 euros -la recaudación de dos días-, equipos informáticos, teléfonos móviles y los pasaportes de las mujeres, entre otras pruebas.