Los secretarios generales de las federaciones aragonesas de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CC.OO.) coincidieron ayer en señalar que la dirección de General Motors debe de realizar el proceso de regulación de empleo de manera transparente y contando en todo momento con el comité de empresa de la factoría.
General Motors España comunicó a los trabajadores de la apertura de un expediente de regulación de empleo que afecta a 600 operarios de manufactura. La suspensión está prevista que comience en el mes de noviembre y que tenga un año de duración.
Según Julián Lóriz (UGT) la compañía debe presentar un informe que justifique la decisión adoptada tanto por la variación de las ventas como la de la producción, entonces valorarán el número de trabajadores a los que afecta la ERE.
Un informe que, más allá de los planes de ajuste, justifique la decisión y que se valore las alternativas y proyectos futuros como el lanzamiento del próximo Meriva, apuntó.
Julián Buey (CC.OO.) incidió en la importancia de que el proceso sea llevado conjuntamente con los representantes de los trabajadores para la resolución menos traumática del expediente.
Ambos coincidieron en que ante las caídas de las ventas en el sector eran previsibles medidas que afectaran al empleo.
Estas declaraciones las realizaron en la inauguración de la Conferencia sindical Internacional sobre ‘El cambio climático y su repercusión para los trabajadores’ que se celebra en Zaragoza los días 11, 12 y 13 de septiembre.
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