Un accidente laboral en el que murió una persona en 2002 ocurrido en la construcción de una nave industrial en el polígono de A Grela sentará en el banquillo de los acusados a seis personas el próximo día 8. Serán juzgadas por el Penal número 1. Tres procesados están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y para ellos la Fiscalía pide una pena de tres años de prisión. El resto están imputados por un delito de imprudencia grave. En este caso, el representante del Ministerio público solicita una condena de un año y seis meses de cárcel.ç
Según el relato de hechos que defiende el fiscal, el administrador de Automóviles Sánchez, que actuaba como promotor, contrató con Promociones Loureda la construcción de los muros de contención de los sótanos de una nave industrial situada en la calle Galileo Galilei. Para la realización de esta obra, un ingeniero técnico industrial realizó un proyecto de ejecución para la excavación y contención de tierras de la nave, pero el diseño no incluía la edificación.
El seguimiento de la ejecución de la obra lo realizó un aparejador contratado por el promotor quien, que en connivencia con los otros acusados y consciente de que no existía proyecto de ejecución, dirigió el comienzo de la construcción de la nave industrial, impartiendo instrucciones y entregando planos al constructor a medida que se avanzaba en la obra, sostiene el fiscal en el escrito de calificación. Al resultar afectada la edificación de la parcela contigua por las excavaciones, el aparejador decidió ejecutar un muro de contención.
Sobre las ocho de la mañana del 4 de octubre, diez trabajadores de dos empresas, Promociones Loureda y otra que había sido subcontratada, comenzaron el hormigonado del techo del sótano de la nave. Cuando se encontraban sobre la placa, se produjo un hundimiento de unos 35 metros cuadrados de los 350 de la estructura del forjado, lo que provocó que cayesen de una altura de unos 3,40 metros tres trabajadores, aunque ninguno de ellos resultó lesionado, pero como consecuencia del derrumbe murió otro empleado que se encontraba debajo del forjado que se vino abajo.
A pesar de lo que dispone la normativa sobre prevención de riesgos laborales y el Plan de Seguridad y Salud suscrito por el promotor y el constructor, al fallecido no se le impartió ningún curso de formación, ni se le indicaron las normas generales sobre seguridad e higiene que en la ejecución de la obra se iban a adoptar. Sostiene la Fiscalía que "tanto el coordinador de seguridad como los dos acusados designados por la empresa como personas que se ocuparían de la labor de prevención incumplieron gravemente sus funciones y contribuyeron de este modo al fatal desenlace".
Según el Ministerio público, el desplome se debió a la falta de un proyecto de ejecución y a la improvisación que suponía la circunstancia de que la dirección facultativa diese las instrucciones y proporcionase los planos a medida que la obra avanzaba. En el escrito también se indica que el equipo era poco adecuado, pues se utilizaron sistemas con patente con soportes de otros fabricantes, a pesar "del riesgo que esto suponía".
Además de las penas de cárcel, el fiscal pide que los procesados indemnicen a la mujer del fallecido con 84.000 euros, con 35.000 al hijo y que cada uno de sus progenitores reciba 7.000 euros.
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