En concreto, el documento realiza una distribución de competencias que se acomoda a la estructura de la administración del Consell y también a la reciente actualización del importe de las multas recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Asimismo, el decreto pretende evitar que futuros cambios en la estructura o elevaciones en la cuantía de las multas alteren esa distribución.
Así, la atribución que establece el decreto aprobado por el Gobierno valenciano "lo es en función de la competencia material definida en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social", según señalaron fuentes del Consell, quienes precisaron que la atribución "al órgano competente por razón de la materia" evitará que ésta resulte afectada si en un futuro se decidiera repartir en varias ´conselleries´ las competencias ahora agrupadas.
El decreto contempla cuatro grupos de infracciones, como son en materia de relaciones laborales y de empresas de trabajo temporal; prevención de riesgos laborales; en materia de empleo por parte de los empresarios, de las agencias de colocación y de los beneficiarios de las subvenciones y ayudas, y en materia de sociedades cooperativas.
En los tres primeros grupos la atribución competencial es idéntica, de forma que el conocimiento de las faltas leves y graves compete a los órganos territoriales y el de las faltas muy graves se distribuye entre la dirección general, el conseller y el Consell, según el tramo en el que el inspector de Trabajo califique la falta. Por lo que respecta a las cooperativas, se respetará la regulación contenida en la Ley Valenciana de Cooperativas.
Al mismo tiempo, el decreto fija la distribución de las competencias en función de la gravedad -leve, grave o muy grave- y del tramo -mínimo, medio o máximo- en el que se califique la falta en la propuesta de la Inspección de Trabajo y no de la cuantía de la multa propuesta. Se evita así que cada vez que el Estado decida elevar o actualizar el importe de las sanciones, la competencia para conocer de un determinado grado o tramo pase, por dicha elevación, a un órgano superior. La corrección de esta alteración obligaría a dictar una nueva disposición reguladora.
Siniestralidad
El Consell destacó que la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en la que más se ha reducido la siniestralidad laboral en los dos primeros meses del año 2008 en comparación con los el mismo periodo del año anterior.
Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a través del Boletín de Estadísticas Laborales, indicaron las mismas fuentes, quienes precisaron que el descenso experimentado por la siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana ha sido, en términos absolutos, de 427 accidentes. Asimismo, en los últimos nueve años, el número de accidentes ha descendido un 29 por ciento al pasar de 113.628 a 90.945 -22.683 casos menos.
En el descenso de la siniestralidad han jugado un papel muy importante los denominados Planes de Acción Preferente en las empresas de mayor siniestralidad, que se iniciaron en el año 2000. Se cifraba como objetivo de estos planes desarrollados por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, reducir el índice de incidencia de las empresas seleccionadas en un 15 por ciento. Los resultados finales superaron ampliamente las aspiraciones, al observarse un descenso del 30,7 por ciento como media anual en todo el periodo 2000-2006, según señalaron.
El Plan 2007-2010 contra la siniestralidad laboral en la Comunitat Valenciana pretende reducir la incidencia en un 25 por ciento en estos cuatro años y situar el índice de siniestralidad en un 4,5 por ciento, similar al de los países del entorno. Todo ello a través de acciones formativas e informativas para la difusión de la cultura preventiva en la empresa, la divulgación de manuales de buenas prácticas y la inclusión de la seguridad laboral en la negociación de convenios colectivos, entre otras.
Por su parte, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), cuyo presupuesto para 2008 asciende a 11,2 millones de euros, colabora a través de planes de formación especializada y del apoyo a la formación externa.
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