Unos 250 empleados de las universidades públicas de Castilla y León podrán cobrar antigüedad, según figura en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, relativa a la demanda que presentó CCOO en la que impugnaba el artículo 59 del II Convenio Colectivo del PAS laboral de las universidades públicas y que, desde su punto de vista, discriminaba a los empleados con contrato temporal, en contra de la normativa de la Unión Europea y el Estatuto de los Trabajadores.
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