El juez de Barcelona Ignacio Sánchez García-Romero, que investiga la presunta malversación de fondos públicos en la Mutua Universal, está investigando el patrimonio de 30 personas que podrían estar implicadas en la trama. En esta lista aparecen los cinco exdirectivos de la entidad asistencial imputados y los responsables de las sociedades vinculadas y que supuestamente fueron utilizadas para el desvío de dinero.
El juez reclamó a la Agencia Tributaria, tras admitir la querella de la Fiscalía Anticorrupción y la entrada y registro en la sede de Mutua Universal, información económica sobre 14 empresas y 30 personas. Con esta diligencia se pretende constatar posibles desvíos de fondos a su favor y la "posible riqueza acumulada y que no se justifique con sus ingresos oficiales conocidos", según la fiscalía. La acusación pretende que estas pesquisas se amplíen a los familiares de los querellados y a las personas que estos "hubieran podido utilizar como testaferros".
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
La fiscalía, además, reclamaba en la querella que se requiriera al Banco de España certificación de todas las transferencias realizadas por los imputados al extranjero y las que pudieran haber recibido desde fuera de las fronteras desde el 2005. El juez ha acordado admitir todas las diligencias de pruebas pedidas por Anticorrupción, a la vez que ha procedido a nombrar a los peritos que se encargarán de analizar las operaciones puestas bajo sospecha.
Los cinco exaltos cargos de la mutua están acusados por el fiscal de enriquecerse a través del desvío de fondos y de utilizar supuestamente el dinero proviniente de la entidad para realizar promociones inmobiliarias en su beneficio particular.
Una exdirectiva denunció que la inmobiliaria Reston Conforting, cuyo apoderado es un antiguo empleado de la mutua, había realizado una promoción de viviendas en Guardiola de Berguedà, unas casas adosadas presuntamente destinadas a los ejecutivos de Universal.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.