La próxima entrada en vigor de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Ley de Informantes) va a suponer un verdadero reto para las empresas españolas. La influencia decisiva en la forma de gestionar la información que tendrá la norma traerá importantes consecuencias en todo el tejido empresarial español y, no solo, en las empresas de más de cincuenta trabajadores, que son las obligadas por la Ley.
La norma, también, será de obligado cumplimiento para cualquier empresa que dentro de su programa de compliance ya tenga en funcionamiento un canal de denuncias (llamado “Sistema de Información” por la nueva Ley) para prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de prevención de blanqueo de capitales.
Asimismo, la nueva normativa estipula que cualquier empresa, independientemente del número de empleados, deberá cumplir con las cuestiones más novedosas en materia de canales de denuncia que esboza la Directiva de Whistleblowers y que detalla la nueva Ley.
Ante este nuevo escenario, los expertos de Report@, compañía española que ofrece un servicio de gestión integral de los canales de denuncia, recuerdan la importancia de contar con toda la información necesaria para evitar posibles multas. Con ello, destacan cinco aspectos claves que todas las compañías deberán tener en cuenta a la hora de hacer frente a la nueva normativa.
Estas novedades, sin duda, generarán más trabajo a los departamentos de compliance y de asesoría jurídica de las empresas. Ante el previsible crecimiento exponencial del número de denuncias tras la aprobación de la Ley, ésta prevé en el artículo 6, para cualquier entidad, la gestión externa del canal por empresas especializadas, a fin de garantizar el cumplimiento de la norma que establece plazos y requisitos sumamente estrictos y, también, como garante de independencia en el curso de las investigaciones.
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