Un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5’3% hasta los 1.000 euros en catorce pagas (1.166,67 euros/mes) en 2022, con un aumento intermedio del 2% (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros/mes) tendría un impacto negativo sobre el empleo estimado de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023, incluyendo tanto los empleos destruidos como los no creados como consecuencia del encarecimiento salarial. Más de la mitad de esta destrucción de empleo podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis de la COVD-19.

Así se desprende de un estudio sobre el impacto laboral de una subida del SMI hasta los 1.000 euros en 2022, realizado por Randstad Research con la colaboración de CEPYME. El informe señala que un aumento del 5’3% del SMI para 2022 supondría un incremento acumulado de más del 52’6% desde 2016.

Un incremento de esta cuantía incidiría de manera muy lesiva en sectores especialmente perjudicados por la actual crisis, como la hostelería y el comercio, que han destruido varios cientos de miles de empleos y tienen en riesgo decenas de miles adicionales (tanto por ERTE aún en vigor como fuera de ellos), con especial incidencia en las pymes.

Además, las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen.

El incremento del SMI del 2% para este año (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros al mes) supondría una proporción superior al 65% del salario medio en al menos 9 comunidades autónomas y superaría el 60% en 12 de las 17 comunidades y estaría por encima del 73% en dos de ellas.

Hay que recordar que esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española, con una recuperación incipiente y todavía no consolidada en la mayoría de los sectores y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes. Todavía no se han recuperado los niveles de empleo precrisis -el aumento de afiliación no compensa el número de trabajadores en ERTE -272.190 en agosto- y el paro registrado se mantiene elevado, 1´5 puntos por encima del nivel previo a la crisis (13’78%).

En este sentido, CEPYME señala que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional es competencia exclusivamente del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, y que, como se recoge en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, deberán tenerse en cuenta factores como la evolución de la situación económica y del empleo, todavía en tasas inferiores a las del período precrisis, la productividad y la evolución del IPC que, aunque presenta un incremento del 3’3% hay que recordar que se está comparando con 2020, un año fallido desde el punto de vista económico, con paralización de la actividad y caídas de los precios continuadas durante varios meses.

Hay que tener en cuenta que España es el tercer país de Europa con mayor incremento del SMI acumulado –ajustado por paridad de poder adquisitivo- entre 2016 y 2021 (47’7%), tras Rumania y Lituania, y multiplica por cinco y por 10 los aumentos promedio de Alemania o Francia.

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