El Real Decreto por el que se establece la cartera común de servicios que deberán prestar las oficinas públicas de empleo entrará en vigor hoy, 6 de febrero, tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Esta cartera de servicios estaba prevista en la Estategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, y persigue garantizar la igualdad de acceso a estos servicios de todos los ciudadanos.

   Estos servicios comunes que conforman la cartera deberán ser prestados por todos los servicios públicos de empleo, al considerarse fundamentales y necesarios para una atención adecuada, integral y continuada a los usuarios y para garantizar su acceso a ellos en condiciones de igualdad.

   Según explica el Gobierno en la norma, estos servicios deberán ser suficientes para permitir a los demandantes de empleo dar cumplimiento a lo previsto en sus itinerarios personalizados de inserción, así como a las exigencias del compromiso de actividad. En definitiva, esta cartera de servicios supone el establecimiento de un lenguaje común para todas las comunidades autónomas.

   Concretamente, la cartera está integrada por servicios de orientación profesional, de colocación y de asesoramiento a las empresas, formación y cualificación para el empleo y de asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

   Los usuarios de los servicios públicos de empleo tendrán derecho a recibir los servicios establecidas mediante una atención personalizada y adaptada a sus necesidades. Así, la articulación de un itinerario personalizado para el empleo se configura como un derecho para las personas desempleadas y una obligación para los servicios públicos de empleo.

   Asimismo, los servicios autonómicos de empleo tendrán que ayudar en las labores de intermediación y emparejamiento de ofertas y demandas de empleo, asesorando para ello a las empresas.

   Por otro lado, el Real Decreto prevé que los servicios autonómicos de empleo ayuden también en el ámbito de la formación, incluyendo el desarrollo de la cuenta de formación asociada a la de la Seguridad Social, que tendrá certificada toda la formación del trabajador. Finalmente, otro de los servicios comunes previstos es el asesoramiento en el ámbito del emprendimiento y el autoempleo.

   El Gobierno interpreta esta norma como un paso más en la modernización de los servicios públicos de empleo, a fin de que además de atender a los parados, les orienten.

   Otro de los pilares de esta modernización es la introducción del control y evaluación del gasto en políticas activas de empleo. En este sentido, ha recordado que este año el 60% de los recursos que se destinen a estos fines se asignarán entre las comunidades autónomas en virtud de los resultados obtenidos en el año anterior.

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