En Castilla y León, la Inspección detectó 6.644 infracciones en el 2006, el 21,7% más que el año anterior

La Inspección de Trabajo visitó 34.925 empresas de Castilla y León durante el año pasado, el 9,91% más que el anterior. Los controles sacaron a la luz 6.644 infracciones de la normativa laboral, lo que supone un incremento del 21,68% respecto al 2005 e implica que una de cada cinco comprobaciones que se realizaron en la comunidad detectó una irregularidad. Como consecuencia de ello se impusieron sanciones por importe de 12.150.174 euros en el 2006, cantidad que es el 32,04% superior a la que se registró un ejercicio antes.

La actividad que desarrollan los inspectores se ajusta a un plan anual que negocian la Consejería de Economía y Empleo de la Junta -después de escuchar a la patronal y a los dos sindicatos mayoritarios- y el Ministerio de Trabajo. Así, una de las prioridades que aparecen siempre en el Programa Territorial Integrado de Objetivos del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el sector de la construcción, donde se producen muchos de los accidentes laborales. A esto se suma la visita a todas las compañías que hayan sufrido algún percance mortal o grave o cuatro leves o más.

El Estado se encarga de pagar las nóminas de los expertos en comprobar si las empresas respetan la legislación y además tiene competencias sobre la persecución del empleo ilegal de los inmigrantes, así como sobre las deducciones, cotizaciones y fraude a la Seguridad Social.

El Ejecutivo regional, por su parte, tiene atribuciones sobre las relaciones laborales -vigila la correcta aplicación de los convenios- y la prevención de la siniestralidad.

Paralización de actividad

Esta última materia generó más de un tercio de las infracciones contabilizadas durante el 2006 -en concreto, el 35,5%-, hasta alcanzar las 2.362. De ellas 159 conllevaron la paralización de la actividad de la empresa, medida que se adopta cuando las irregularidades que se descubren implican un riesgo grave e inminente de accidente laboral. Las estadísticas revelan que la situación es especialmente preocupante en Salamanca, donde el 21,5% de las irregularidades relacionadas con la seguridad en el trabajo tuvieron aparejada la clausura del negocio.

Con todo, la mayor parte de los incumplimientos detectados en Castilla y León tenían que ver con la Seguridad Social, hasta el punto de que ascendieron a 2.912, el 43,8% del total. Otras 772 (el 11,6%) fueron violaciones de la normativa relacionadas con la contratación de inmigrantes, mientras que las 598 restantes (el 9%) fueron conculcaciones de la letra de los convenios colectivos. El análisis provincial revela que León y Valladolid juntas acapararon prácticamente la mitad de las visitas que realizaron los inspectores el año pasado, por lo que es lógico que ambas también sumaran el grueso de las infracciones, el 39,9%. En contraste con esto, fue en Soria y Palencia donde se observaron menos transgresiones de la ley.