Las políticas de igualdad e inclusión aplicadas al entorno laboral

Este año se cumplen cuatro décadas de la aprobación de la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), el 7 de abril de 1982. Una normativa que contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas y que supuso el despegue de un cambio de mentalidad, mediante el que la discapacidad dejaría de ser solo de las personas para ser también de los productos, servicios y entornos disponibles para su inclusión.  Hasta ese momento, las personas con discapacidad carecían de protección legal y estaban amparadas únicamente por asociaciones, organizaciones benéficas o sus propias familias. En 1982 todo cambió con la LISMI, que sentó las bases de la arquitectura jurídica de la discapacidad en España y ejerció de trampolín para los grandes avances que, desde entonces, se han producido en todas las esferas, particularmente en el empleo.