Que el Estado intervenga en las relaciones de las empresas con sus trabajadores y, en este caso, altos directivos, no es algo recomendable, por mucho que la idea venga desde Alemania.
Que doña Angela deje a los ejectivos del sector financiero en paz, y que cada empresa pague a sus empleados lo que tenga a bien.
Mucho más si de los bancos se trata que son lo que, desde luego, tienen el dinero.
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