Aunque el mismo esté estipulado por Ley, es socialmente irresponsable afrontar una retribución de 6 millones de euros por administrador cuando hay más de 230 despidos encima de la mesa, y buena parte de los mismos serán sufragados –con seguridad- por el Fogasa, sin contar las prestaciones por desempleo.
‘Spain’ sigue siendo ‘different’.
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