Las sociedades de Castilla y León que quieran denominarse como empresas de inserción laboral deberán contar, al menos, con trabajadores con riesgo o en situación de exclusión social en el 30 por ciento de su plantilla.
Así lo señala el borrador del Decreto de la Consejería de Economía y Empleo por el que se creará un registro para este tipo de empresas. Además, la normativa obligará a que ese porcentaje se eleve hasta el 50 por ciento cuando hayan pasado tres años desde la calificación como empresa de inserción.
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