El Pleno del Congreso ha pedido este martes al Gobierno que acometa una revisión extraordinaria de todos los expedientes de los cursos de formación para el empleo en todas las comunidades autónomas para aclarar si los casos de fraude que se han detectado en regiones como Andalucía o la Comunidad de Madrid forman parte de un problema más amplio.
La solicitud se inscribe en una moción de UPyD, derivada de una interpelación a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que tuvo lugar el pasado 28 de mayo. Aunque el texto constaba de once puntos, finalmente han salido adelante siete gracias al respaldo del PP y, en algunos casos, de otras formaciones parlamentarias.
Junto con la revisión extraordinaria de los expedientes, que se enmarcaría en la Conferencia Sectorial, la Cámara Baja también exige al Ejecutivo que tenga un «papel más activo» ante los tribunales en la persecución de estos casos, que se persone en las causas, que inste a la Fiscalía a actuar y que tome medidas para recuperar todo el dinero posible de las cantidades defraudadas.
Para el futuro, propone establecer mecanismos para que el Gobierno central «controle» que las comunidades hacen un uso «adecuado» de los fondos estatales y europeos para formación, mejorar la coordinación de los servicios públicos de empleo garantizando la posibilidad de que un parado pueda participar en actividades de otras regiones, crear una web nacional de ofertas de empleo y formación y exigir a cualquier entidad los «mismos requisitos de acreditación» para impartir formación, eliminando la distinción de la que gozan patronales y sindicatos.
Durante el debate del texto, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha criticado la «insatisfactoria» reacción de los gobiernos regionales y central ante el «fraude» detectado en la formación para el empleo en varias comunidades, como Andalucía o Madrid, que «viene pasando durante más de una década» y quizás es «parte de un problema más amplio» a nivel territorial.
«No es posible ignorar lo que ha sucedido, hay que mirar al pasado para corregirlo y exigir responsabilidades. El Ministerio de Empleo debe revisar todos los expedientes para cerciorarse de que los casos conocidos no son la punta del iceberg y debe tener un papel más activo en las denuncias para recuperar la mayor parte del dinero», ha exigido.
Por su parte, el presidente de la Comisión parlamentaria de Empleo, el ‘popular’ José Eugenio Azpiroz, le ha recordado que los casos de fraude han sido aflorados gracias a los «mecanismos ordinarios» de la Administración si bien ha reconocido que hace falta mejorar el sistema de la formación profesional, un trabajo que el Ministerio y los agentes sociales tienen «muy avanzado», según ha dicho.
De hecho, ha precisado que «en pocas semanas» se pondrá en marcha una ventanilla estatal única de empleo y formación que se sumará a la web única que ya funciona y que, según Azpiroz, «no va en contra de las web de las comunidades sino que trata de sumar». El diputado ha asegurado asimismo que ya se está trabajando en la mejora de la coordinación entre administraciones.
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