El Estatuto del Becario, llamado a regular las prácticas no laborales en España, sigue atrapado en un limbo legislativo. A dos meses para que se cumplan dos años desde que se impulsara la iniciativa, su aprobación continúa aplazada, dejando a miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad. En un mercado laboral necesitado de talento, la falta de una normativa clara agrava una desconexión crítica entre formación y empleo.
El Estatuto del Becario, un reglamento fundamental para controlar las prácticas no laborales en España, sigue inmerso en un vacío legislativo. Aunque el Ministerio de Trabajo hizo un compromiso público en junio de 2023 y logró un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, el texto todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, y su puesta en marcha aún no tiene una fecha definida. Este retraso no solo constituye un tema pendiente de la reforma laboral de 2021, sino que pone en peligro la continuidad de un sistema de prácticas inadecuadas que obstaculiza el verdadero ingreso de los jóvenes al ámbito laboral.
A medida que el Gobierno debate internamente los términos de una regulación que debería haber sido aprobada hace años, la realidad sigue un rumbo diferente. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social correspondientes a 2024, España tenía alrededor de 1,2 millones de becarios, de los que cerca de un millón de estudiantes, concretamente 944.547 personas, llevaron a cabo prácticas no remuneradas en nuestro país, lo que supone el 80%. Desde enero del pasado año, todos empezaron a cotizar, una acción beneficiosa, aunque evidentemente insuficiente. La ausencia de una normativa robusta sitúa a numerosos jóvenes en un estado de vulnerabilidad e inseguridad.
Los datos no dan lugar a dudas: según la Seguridad Social, Cataluña (185.368), Madrid (170.028), Andalucía (135.827) y la Comunidad Valenciana (109.863) lideraron la clasificación de comunidades con más estudiantes en prácticas no remuneradas. Provincias como Málaga superaron los 27.000 alumnos en esta circunstancia en 2024, evidenciando así la envergadura del fenómeno. No obstante, más allá de los números, persiste una interrogante sin respuesta: ¿cuántos de estos jóvenes consiguen integrarse de manera efectiva en las empresas tras concluir sus prácticas?
Prácticas con garantías: una necesidad
El Estatuto del Becario sugiere medidas específicas para optimizar esta transición. Así, el texto establece la compensación de gastos para los estudiantes en prácticas, como transporte y dietas; derecho a vacaciones; limita a 480 horas las prácticas extracurriculares permitidas por estudiante; e introduce sanciones económicas de entre 70 y 225.018 euros para las compañías que mal utilicen esta estrategia. Sin embargo, el Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño durante la pasada legislatura, optó por posponer su aprobación debido a que no estaba suficientemente desarrollado.
Así las cosas, el documento está concebido para ser implementado a través de un Real Decreto, pero las diferencias internas en el Ejecutivo han causado que el proceso se demore al optar por un Proyecto de Ley, resultando en un atasco parlamentario, a pesar de que el texto fue incluido en la hoja de ruta legislativa para 2025. A este panorama se suma la frustración de los sindicatos, que se niegan a renegociar por tercera vez la misma materia, mientras las patronales permanecen a la espera de que sean contactadas nuevamente.
A esto se suma que los contratos de formación han descendido drásticamente. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, la contratación bajo esta modalidad ha experimentado una reducción preocupante, en parte debido a la incertidumbre en las regulaciones. Este escenario es particularmente duro si consideramos el desafío estructural al que se enfrenta el mercado de trabajo español: la escasez de individuos capacitados en campos como la ciberseguridad, ingeniería, salud o tecnologías de la información. Sin duda, este descenso pone de manifiesto la necesidad urgente de superar el bloqueo legislativo y reforzar el acceso al mercado laboral para estudiantes y jóvenes.
Talento desaprovechado o la desconexión entre formación y empleo
Es en este punto donde la conexión entre la educación y la posibilidad de empleo adquiere toda su importancia. Las prácticas, si están adecuadamente reguladas, pueden convertirse en un acceso al uso de calidad. Sin embargo, si persisten en ser una fórmula incierta y poco clara, corren el peligro de convertirse en un instrumento de precariedad y rotación sin perspectiva de futuro. En un país con casi un 27% de desempleo juvenil, progresar hacia una normativa clara, equitativa y efectiva no es una alternativa: es una exigencia.
Desde la perspectiva corporativa, la inversión en un sistema de prácticas de formación de alta calidad no debería considerarse una carga, sino una inversión en talento. Incluir alumnos altamente capacitados, incorporarlos en equipos reales, formarlos y, finalmente, emplearlos, es un método efectivo para luchar contra la falta de profesionales en áreas estratégicas. Un conjunto de empresas dedicados a la capacitación práctica es también un ecosistema que fomenta la innovación, la competitividad y el talento.
No podemos permitirnos desaprovechar el potencial de toda una generación y tampoco debemos continuar perpetuando una dinámica en la que el acceso al mundo laboral dependa del azar o de la voluntad individual de las empresas. El Estatuto del Becario es un instrumento esencial para rectificar esta tendencia y edificar un futuro laboral más equitativo y eficaz.
Es imperativo que el Gobierno asuma su responsabilidad. Cada semana que transcurre sin esta normativa es una oportunidad desperdiciada para miles de jóvenes y para un mercado laboral que, más que nunca, requiere talento joven, debidamente formado y protegido.
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